Los retos de Illa en un curso político marcado por la amnistía, los presupuestos y el pulso soberanista

El 30 de septiembre, dos meses después del parón estival, el Parlament de Cataluña abrirá oficialmente el nuevo curso político con un pleno que dará inicio a una agenda marcada por los retos de gobernabilidad que encara Salvador Illa. Apenas una semana más tarde, entre el 7 y el 9 de octubre, tendrá lugar el Debate de Política General, la cita en la que se pondrá negro sobre blanco el estado de las relaciones entre los grupos y en la que el presidente socialista deberá demostrar su capacidad de maniobra.

Illa llega a este segundo año de legislatura como uno de los hombres fuertes del PSOE (después de su reunión con Pedro Sánchez en Lanzarote y con Puigdemont en Bruselas), pero también con varios frentes abiertos que pondrán a prueba su liderazgo. El primero de ellos es la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía, aprobada en junio y validada por el Tribunal Constitucional, pero pendiente aún de que el Tribunal Supremo concrete su alcance en los procesos abiertos contra los líderes del procés. Ese paso será clave para determinar el eventual regreso a Cataluña de Carles Puigdemont, hoy eurodiputado y líder del principal partido de la oposición. Su vuelta alteraría los equilibrios políticos y daría nuevas armas a Junts en su pulso con el Govern. La reunión entre Illa y Puigdemont celebrada esta semana en Bruselas simbolizó un gesto de normalización institucional, aunque dejó claro que la distancia política entre ambos sigue siendo notable.

La prueba de fuego de los presupuestos y de Rodalies

El segundo gran desafío es la negociación de los presupuestos de 2026. Illa necesita el apoyo de ERC y de los Comuns, sus socios de investidura, para sacar adelante las cuentas, pero ambos partidos han advertido que no darán un cheque en blanco. Reclaman el cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace un año y avisan de que pondrán caro su respaldo. El Govern trabaja ya en el proyecto de ley, mientras la oposición de Junts, expresada incluso antes de conocer ninguna propuesta, anticipa un debate áspero y polarizado. La aprobación de los presupuestos será la verdadera prueba de fuego para medir la capacidad de cesión y de liderazgo del president.

A todo ello se suman los problemas de gestión del día a día, con especial relevancia de Rodalies. Las incidencias constantes en la red ferroviaria se han convertido en un quebradero de cabeza para los usuarios y en una fuente de desgaste político para el Govern. Illa se reunirá la próxima semana con responsables de Renfe y Adif para abordar la mejora del servicio, tras la creación de la nueva empresa de Rodalies a finales de junio. El president es consciente de que el malestar ciudadano con el transporte público puede erosionar su credibilidad de forma más directa que cualquier debate parlamentario.

Lengua y aeropuerto, debates enquistados

En paralelo, el Govern tendrá que afrontar el eterno pulso por la lengua en la escuela. La inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la obligatoriedad de un 25% de clases en castellano vuelve a situar la inmersión lingüística en el centro de la batalla política. El Ejecutivo asegura que el decreto aprobado el año pasado blinda al catalán como lengua vehicular, pero Junts y la CUP se han desmarcado del Pacte Nacional per la Llengua a la espera de la decisión del alto tribunal. El riesgo de fractura en un asunto tan sensible es evidente. Tras la reunión con Puigdemont, se ha especulado sobre si Illa le pidió que su formación se adhiera al Pacto.

Otro frente abierto es la ampliación del aeropuerto del Prat. Aunque el plan urbanístico no se tramitará hasta 2028, el debate ya divide a los partidos y, en particular, enfrenta a Illa con los Comuns, que se oponen frontalmente al proyecto. Este asunto será utilizado por la formación de Jéssica Albiach como moneda de cambio en la negociación presupuestaria y como elemento de presión para arrastrar al Govern hacia posiciones más a la izquierda.

Con todos estos desafíos sobre la mesa, Salvador Illa encara un curso político decisivo, en el que deberá demostrar si es capaz de consolidar su liderazgo más allá de la foto con Puigdemont en Bruselas y de los gestos simbólicos. La gobernabilidad de Cataluña dependerá, en gran medida, de su habilidad para mantener cohesionada una mayoría frágil y de su capacidad de responder a los problemas cotidianos de los ciudadanos, más allá del eterno debate territorial.