Política

Sánchez e independentismo: un año lleno de favores mutuos

El curso que cierra ha puesto de manifiesto la fragilidad de un socialismo que debe plegarse al separatismo para poder seguir sobreviviendo

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez
Carles Puigdemont y Pedro SánchezGtres

El año 2024 ha consolidado la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts per Catalunya, en un delicado juego de equilibrios. El apoyo del independentismo a Sánchez no ha sido gratis, sino que, como ya es tradición, ha incluido una retaíla de favores y concesiones a los secesionistas.

Sin embargo, esos favores, en ocasiones, han recibido una contrapartida: el apoyo del independentismo también al socialismo en otras instituciones, como en el Govern de la Generalitat para investir a Salvador Illa o en el Ayuntamiento de Barcelona para hacer lo propio con Jaume Collboni.

La Ley de Amnistía como principal reclamo

Sin lugar dudas, uno de los “favores” de Sánchez más polémicos ha sido la Ley de Amnistía. Aunque registrada en el Congreso en 2023 (unos meses después de que Sánchez fuese investido presidente), esta ley entró en vigor en junio de este año.

Clave para la investidura de Sánchez y enmarcada en los pactos entre el PSOE y los partidos independentistas, la ley tiene como objetivo anular los procesos judiciales y condenas relacionadas con los hechos ocurridos durante el llamado "procés", que incluyó los eventos del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la consulta del 9 de noviembre de 2014, ambos declarados inconstitucionales.

Esta medida había sido una de las principales demandas de Junts y ERC a cambio de apoyar la investidura de Sánchez y sigue siendo un foco de controversia política. Mientras los independentistas la celebran como un paso hacia la "desjudicialización del conflicto", los españoles han visto como Sánchez pasó de calificar la medida de “inaceptable” a defender que “va en el interés de España y de Cataluña”.

Financiación singular y competencias exclusivas

Otra de las grandes exigencias de los independentistas al ejecutivo español es avanzar en todas aquellas leyes o cesiones que incrementen la autonomía catalana y el autogobierno, diferenciándose del resto de comunidades autónomas de España.

Entre las medidas que más rechazo han levantado, incluso entre las propias filas socialistas, está la de la financiación singular, parecida al modelo vasco, para Cataluña. En concreto, ha sido ERC quien más ha insistido en esta dirección, condicionando la aprobación de los presupuestos del Govern de Salvador Illa, actualmente prorrogados, a lo avanzada que esté esta negociación.

El modelo consiste en que la Generalitat recaudaría todos los impuestos que se paguen en la comunidad a través de la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Una vez recaudados, el Govern liquidaría al Gobierno el dinero de los servicios e inversiones que haga en la comunidad, además de aportar una cantidad extraordinaria en concepto de solidaridad con el resto de comunidades, saliéndose, de este modo, del modelo de financiación común.

No ha sido solo al partido republicano a quien ha querido contentar Sánchez, sino que, ante el cambio hacia una postura más dura de Junts sobre la inmigración para que la extrema derecha catalana no les quite su electorado, el Gobierno de España aceptó cederle las competencias en esta materia a la Generalitat, algo que todavía se tiene que materializar. Gobierno y Govern han estado negociando la materia durante el último año.

El catalán en Europa

El PSOE nacional no ha sido el único condicionado por el independentismo. Tras más de una década de líderes procesistas, Cataluña tiene una presidencia de un partido no separatista y, teóricamente, constitucionalista. Sin embargo, ese hito fue posible gracias al apoyo de ERC al PSC. Y ese voto afirmativo para hacer presidente a Illa tampoco fue gratis, sino que se espera una contrapartida por parte del actual Govern, sobre todo en lo que se refiere al catalán.

El presidente de la Generalitat se comprometió a situar la lengua catalana como uno de los ejes centrales en sus acciones de gobierno, algo que se está impulsando desde la Consejería de Política Lingüística, creada por el actual ejecutivo en agosto.

De hecho, el pasado noviembre, el líder del Govern viajó a Bruselas a promocionar el uso del catalán en el Parlamento Europeo y a conseguir la oficialización del mismo en las instituciones comunitarias. Su reunión con la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, dejó en claro que para Illa es prioridad hacerle ese favor al separatismo.

El traspaso de Rodalies

Otra de las condiciones que le impusieron los independentistas a Salvador Illa fue la negociación del traspaso de Rodalies con el gobierno central. Actualmente, aunque la Generalitat es titular del servicio, Renfe opera los trenes y Adif gestiona las infraestructuras. El gobierno catalán busca el control total, incluyendo la gestión de vías y estaciones, para priorizar las inversiones según sus criterios, eliminando la intermediación estatal.

El acuerdo reciente entre PSOE y ERC incluye el traspaso completo de Rodalies a Cataluña, con una transferencia económica de 132 millones de euros para cubrir déficits operativos y una transición hacia un modelo de gestión autónoma. Sin embargo, esto ha generado críticas desde otros sectores políticos y técnicos que temen un caos en la gestión ferroviaria, dado que Rodalies es considerada una red estratégica de interés estatal por su conexión con otras líneas nacionales e internacionales​.