Oposición y escuelas católicas exigen que los alumnos sin recursos de la concertada también reciban tabletas para estudiar

La Generalitat repartirá 9.700 tabletas para que los alumnos de Bachiller con menos recursos económicos puedan seguir el curso de manera telemática, tal y como obliga la evolución de la pandemia. Para repartir estos dispositivos se exigirán dos criterios. La renta familiar y que el alumno esté matriculado en un centro de titularidad pública. Esta última diferenciación ha sido la que ha provocado las críticas de sindicatos, asociaciones de padres y de la oposición. Todos coinciden en que el conseller de Educación, Vicent Marzà, se ha dejado llevar por el sectarismo.

El presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa), Vicente Morro, asegura que se trata de una medida que profundiza en la “tradicional discriminación” a la que han sometido los Gobiernos del Botànic a la escuela concertada. “Se basan en perjuicios y además, utiliza la mentira como herramienta”.

La Conselleria de Educación alega que los dispositivos se quedarán en el centro y, por tanto, solo se pueden recibir en los públicos. “Si hablamos de tabletas para los alumnos nada tiene que ver con los materiales del centro. Es un préstamo que se hace, se podrían arbitrar muchas fórmulas, pero no hay voluntad. Quieren seguir discriminando”.

Además, insiste en que se compran con los impuestos de todos los ciudadanos, “los que llevan a sus hijos a la concertada también los pagamos” y recuerda que están sometidos a los mismos criterios de admisión, “pero no tenemos los mismos derechos ni las mismas ayudas. Se sigue profundizando esa brecha discriminatoria".

Morro asegura que el nivel de renta de los alumnos no está marcado por el colegio al que va, sino por las condiciones de su familia. “Hay colegios públicos en zonas acomodadas y concertados en otras desfavorecidas económicamente”. Añade además que debería tenerse en cuenta a las familias numerosas. “Si vamos a renta per cápita, puede que las tengan más bajas que las de un solo hijo, por tanto, también se podría contemplar medias especiales para ellas. Mucha demagogia, ideología y poca preocupación por el alumno".

Por su parte, la portavoz popular de Educación de Sanidad, Beatriz Gascó, solicita que se ayude a todos los alumnos que no tienen recursos, independientemente del colegio en el que estudien. Considera que existen muchas formas de regular los préstamos. “Cuando esta situación acabe se puede devolver a la Conselleria. Hay que dar respuesta a todos los alumnos que estudian en colegios sustentados con fondos públicos. No es momento de que nadie quede atrás”.

Gascó ha asegurado que desde que se decretó el estado de alarma el PP ha dejado a un lado el aspecto ideológico para tratar los asuntos que Marzà les ha ido trasladando de manera puntual. “Por eso no se entiende que se tomen decisiones ideológicas. El cononavirus ataca a todos por igual".

La popular apoya que se haya priorizado a los alumnos de segundo de Bachillerato porque son los que deben presentarse a la PAU.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Merche Ventura, exige a Marzà que abandone el “sectarismo ideológico del que ha hecho gala siempre”. Solicita que se garanticen los recursos a los alumnos más vulnerables y, “en una situación de alarma como la que vivimos, todavía más, independientemente de la titularidad del centro en el que estudien”. Le recuerdan a Marzà que los centros concertados están subvencionados con fondos públicos y a ellos se accede de la misma manera que a un colegio público. “De hecho, hay centros concertados que hacen una función social muy importantes en entornos desfavorecidos”.

Un estudio real de la demanda

Ventura afirma que también los centros públicos se están enfrentando a dificultades porque la Conselleria ha entregado un número de tabletas a los directores para que cada centro los distribuya entre las familias más vulnerables. "¿Qué pasa si el director se ve ante la situación de no poder llegar a todo su alumnado con necesidades? Por ello, insta a Marzà a que lleve a cabo un estudio de demanda real y entregue a cada centro la cantidad de herramientas que necesite realmente para llegar a todos los estudiantes.

Reclama a Marzà que abandone ese “sectarismo" que, además, también se ha visto reflejado en las becas comedor. Los colegios concertados de educación especial no han recibido el vale de beca comedor que sí tienen los públicos. "Si Marzà no cambia su estrategia, estará dejando sin recursos educativos a un gran número de alumnado procedente de los entornos más vulnerables”.

La portavoz adjunta de Vox en Les Corts, Llanos Massó, lamenta que la Conselleria de Educación vuelve a “maltratar a la escuela concertada, y esta vez quien paga su sectarismo son directamente los niños”. Defiende la necesidad de que en una situación como la actual se atiendan las necesidades de los más vulnerables, pero “es lamentable que el conseller no piense en estos momentos en todos los niños valencianos”.

Por otra parte, Massó teme que la improvisación haga “inútiles” o no se aprovechen en su totalidad los esfuerzos que se hacen. “Está muy bien implementar plataformas como MULAN, pero estaría siendo mucho más efectivo si se hubieran preparado tutoriales para el funcionamiento de Aules por ejemplo”.