La comisión de la EMT detecta que el control de tesorería es “vulnerable" tras el robo de los cuatro millones

El cese de la directora del área de gestión, protocolos como cortafuego y uno específico para delegar funciones, formación específica de los mismos o la obligatoriedad de pagos siempre en línea son algunas recomendaciones del informe final de conclusiones de la comisión municipal que investiga el fraude de 4 millones en la EMT de València.

Las nueve recomendaciones que incluye el informe se detallan tras constatar la comisión “vulnerabilidades no resueltas en el procedimiento de conciliación bancaria y control de tesorería, así como la falta de delegaciones de funciones de forma protocolizada en situación de baja o permiso”.

Aclara asimismo que no hace referencia a las posibles responsabilidades judiciales puesto que la actuación de la directora de Administración, Celia Zafra, y de Caixabank son ya “objeto de investigación en un procedimiento judicial”.

El informe, hecho público este lunes, llega un año después de que se constituyera la comisión, tras once sesiones y la revisión de más de sesenta documentos de la propia EMT, además de haberse solicitado a otras entidades como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, Bankia y Caixabank.

Según se señala en el propio informe hay una docena de documentos de los cuales no se ha hecho entrega a los miembros de la comisión de trabajo por “no existir o afectar a derechos fundamentales de terceros”.

Las conclusiones señalan que los testimonios y la documentación han constatado que la empresa inició protocolos y procedimientos, que no existían pero que no había podido concluir y que su objeto era determinar “qué circunstancias de organización y funcionamiento fueron clave para que el fraude pudiese cometerse” y para que ningún mecanismo “evitase” que se prolongara 20 días.

“A fin de mejorar la seguridad y a capacidad de respuesta de la empresa ante eventuales situaciones análogas a la del fraude”, la comisión propone el cese de la directora del área de gestión, María Rayón, cuyas decisiones, “si bien no facilitaron el fraude, no impidieron que se pudiese prolongar”.

Plantea reestructurar el actual área de gestión en dos, finanzas y recursos humanos, “para una mejor organización y mayor seguridad”, así como elaborar un protocolo para el primero de estos departamentos, con especial atención al control de tesorería y conciliación bancaria y diseñados para que “la distribución de tareas actúe de cortafuegos ante posibles irregularidades”.

El informe insta a impartir formación específica a los empleados en el área “para que conozcan todos los protocolos y procedimientos” y elaborar un protocolo “para la delegación formal de funciones en caso de que una persona se encuentre en situación de baja, permiso o descanso”, para que ninguna función “quede desatendida”.

“Deberá eliminarse por completo la firma en papel para autorizar y ordenar pagos”, añade el texto, que impulsa “la obligatoriedad de que todas las transacciones que conlleven un pago se realicen a través de la banca en línea”.

Igualmente, especifica que hay que crear un departamento de control interno que “certifique la calidad de los procedimientos y protocolos y establezca un sistema de vigilancia continuo que permita actualizarlos y mejorarlos”.

Como octava recomendación plantea elaborar un relación de puestos de trabajo para la empresa “con urgencia” aunque ante lo “laborioso de la tarea”, recomienda una aprobación inicial con puestos de dirección, desde el nivel 1 al 5, para aprobar con posterioridad la lista completa.

Finalmente, el documento, que ahora tiene que ser debatido y, en su caso, aprobado por la comisión del próximo miércoles, propone la elaboración de un Programa de Cumplimiento “validado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València como garantía de que la empresa tiene los suficientes mecanismos de control”.

El PP hará su propio informe

La portavoz del PP, María José Catalá, ha expresado su discrepancia al asegurar que “culpa a dos trabajadoras del robo de cuatro millones, exime al gerente y no se asumen responsabilidades políticas”.

Ha incidido en pedir el cese del concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y que el Ayuntamiento intervenga de urgencia la EMT ante las graves deficiencias de gestión que se apuntan, además de anunciar que presentarán un dictamen particular en el que pedirán responsabilidades políticas.

“El dictamen es chapucero y breve, de escasa calidad, y aunque el documento demuestra la nefasta gestión que tiene la empresa, no recoge ni una sola responsabilidad política y carga todas las culpas en dos trabajadoras, eximiendo al gerente. Es inaceptable”, ha concluido.

Desde Cs, el concejal Narciso Estellés también ha reprochado que la figura del gerente no aparece, quizá “para justificar una salida procedente” tras su cese, y ha urgido a que se intervenga la EMT, además de que se elija a un gerente por concurso público.

Ha anunciado que Cs tiene su informe, que harán público mañana, y ha dicho que en los puntos en que coincidan, apoyarán las conclusiones y en los que no, harán un voto particular.

Estellés ha hecho hincapié en que “la incompatiblidad de Grezzi es absoluta, es juez y parte” y ha recordado que de la comisión han salido ramificaciones como la relación del alcalde, Joan Ribó, con el abogado asesor que quieren reflejar en las conclusiones.

Mientras, la presidenta de la comisión, Elisa Valía (PSPV), ha sostenido que las conclusiones “están ajustadas a la realidad” y ha informado de que se ha convocado una sesión para el próximo miércoles para debatir y aprobar ese informe, ha recordado que era fundamental “poner todos los medios para recuperar el dinero y barreras para que esto no vuelva a suceder”.

Para la presidenta, las conclusiones “proponen nueve medidas muy concretas que evitarían en un futuro que quede la empresa en una situación de vulnerabilidad” y ha defendido que la EMT “abre una nueva etapa” con “muchas mejores garantías” para que “no se vuelva a repetir”.

Respecto a una intervención, la concejala ha estimado que cualquier colaboración del Ayuntamiento con la EMT para mejorar los procedimientos “es bienvenida” pero la empresa “está acometiendo muchas acciones, como todas las del sector público local, para mejorar garantías y barreras en situaciones de vulnerabilidad”.

Ha defendido que las conclusiones “están concebidas para generar el acuerdo de todos los miembros de la comisión”, aunque ha incidido en que se podrán hacer votos particulares.

Se ha mostrado convencida de que Compromís “asumirá las conclusiones” y ha explicado que Toni Martínez asumirá la función del gerente mientras se busca un perfil que pueda afrontar los retos futuros frente a una situación complicada por la caída de ingresos o la huelga.