El PP cree que la responsabilidad política del robo de la EMT es del alcalde Ribó

Desde 2016 se advertía de los riesgos y de la debilidades del control interno

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha declarado hoy que en los más de 100 folios de conclusiones elaboradas por el PP sobre el robo de cuatro millones “se exige al alcalde Ribó, presidente de la Junta General de Accionistas de la EMT, la asunción de responsabilidades políticas o en su defecto censura, y en todo caso que realice rendición transparente de cuentas por todo lo sucedido, como responsable superior de la empresa, tanto por su pasividad omisa antes del suceso en cuanto a la patente vulnerabilidad de la empresa, que había sido ya advertida desde 2016 en distintas auditorias de las debilidades de la empresa, como por su proactividad durante más de un año defendiendo al presidente del consejo de administración, Giuseppe Grezzi, y al gerente”.

Además, Catalá ha explicado que en las conclusiones de los populares “se pone de manifiesto que el presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi, y su gerente, Josep Enric Alemany, son los máximos responsables de la inexistencia de protocolos de seguridad contable, de la falta de protocolos de conciliación bancaría, de la carencia de protocolos de sustitución de las bajas del personal de administración en puestos clave, de la falta de una Relación de Puestos de Empleo (RPT), y de la falta de implementación de mecanismos de ciberseguridad”.

En las auditorías externas independientes, en los informes de la Sindicatura de Comptes y en las auditorias del sector público de la Intervención General del Ayuntamiento sobre la gestión en la EMT desde el año 2016, ha indicado Catalá, “se advertía reiteradamente a los máximos responsables de la empresa sobre los riesgos que había, para el correcto funcionamiento de la sociedad pública, si no se adoptaban medidas de seguridad para reducir las debilidades de control interno y evitar los incumplimientos de la normativa de contratación pública”.

Sin embargo, tal y como queda plasmado en las conclusiones de los populares, “se obviaron las recomendaciones de los auditores y de la intervención municipal como la puesta en marcha de un Plan de Contingencia Informática, como la elaboración de una relación de puestos de trabajo que recogiera la definición y numeración de cada puesto, como la realización diría de la conciliación bancaria y periódica de arqueos de caja, y como que se realizaran comprobaciones continuas para detectar posibles fraccionamientos en la contratación”

Por tanto, en su dictamen los populares también dejan explícito que en las declaraciones de los comparecientes en la comisión y en los mencionados informes y auditorias, se concluye que “la dirección de la EMT no solucionó las debilidades y deficiencias señaladas a pesar de las reiteradas advertencias desde 2016, en un ejercicio de irresponsabilidad y de falta de diligencia que ha propiciado la estafa de cuatro millones como además señala la Agencia Antifraude en su memoria anual de 2019”.

Mal proceder y mala gestión demostrados en la EMT

Por todo ello, en las conclusiones finales de la comisión de investigación, apuntan los populares, "se debería recoger en negro sobre blanco, de forma indubitada. el mal proceder, la mala gestión y la nula planificación desempeñada por la dirección de la Empresa Municipal de Transportes y en materia de gestión, por García Alemany, quien no cumplió con las funciones determinadas en su contrato de alta dirección y le obligaban a dirigir y administrar los negocios sociales y el patrimonio de la Empresa ,y en tal sentido cuidar y atender a la buena marcha de la misma y a la conservación de los bienes de la sociedad, así como “actuar con la diligencia de un ordenado comerciante dirigiendo la actividad de la Sociedad conforme a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión.”

Los populares incluyen en sus conclusiones 37 recomendaciones, parte de ellas basadas en las recomendaciones y alertas dictadas por las auditorias e informes de gestión de la intervención municipal y la Sindicatura de Comptes, para evitar que se repitan fraudes como el que supuso hace un año que se sustrajeran cuatro millones de euros de dinero público de las cuentas bancarias de la EMT. Al respecto, Catalá ha recordado que “después de un año del robo la empresa sigue con los mismas carencias de gestión y dirección que tenía en septiembre de 2019 cuando se produjo la estafa”.

Catalá ha recordado que “Compromís y el PSPV han cerrado la comisión sin responsables políticos cuando está abierta una investigación en el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable por el robo de los cuatro millones”