Las actas prueban que Toni Gaspar respaldó la contratación de altos cargos de Divalterra

El PP de la Diputación de Valencia está decidido a llegar hasta el final para demostrar que el actual presidente de esta institución, Toni Gaspar, también tiene responsabilidad en la contratación de los cargos directivos que forzaron la dimisión de su antecesor, Jorge Rodríguez. El alcalde de Ontinyent está imputado por malversación y prevaricación en el nombramiento de altos cargos en Divalterra.

Las actas a las que ha tenido acceso LA RAZÓN confirman que Gaspar respaldó, como presidente de la Comisión de Hacienda, el acuerdo del 20 de septiembre de 2016 que otorgó a Divalterra la calificación de empresa pública tipo 1 y que, por tanto, permitía la contratación de hasta diez altos cargos.

Gaspar presentó en el pleno de la semana pasada una propuesta para reducir los órganos directivos de estas empresas, así como su salario. El punto fue introducido de manera urgente en el orden del día, por lo que los populares presentaron un recurso de reposición alegando que se habían vulnerado sus derechos como diputados, ya que no estaba justificado que se presentase sin informar previamente a la oposición.

Advirtieron además que el fondo de la cuestión tampoco estaba claro e insisten en que el error de base fue conceder a Divalterra la calificación de empresa tipo 1, un rango que ostentan empresas como la Autoridad Portuaria de Valencia o Aena. Estas afirmaciones, insisten, vienen avaladas por un Informe de la Intervención General del Estado de 2019.

Los contratos de alta dirección quedaron inicialmente aprobados por el Consejo de Administración de Imelsa (que después pasó a llamarse Divalterra), en la que también estuvo presente Toni Gaspar, según consta en el acta a la que ha tenido acceso este diario.

Durante la sesión del 17 de noviembre de 2015 se aprobó que la empresa pública tuviese dos cogerentes, uno a propuesta del PSPV y otro de Compromís. Así, la hasta ese día vicegerente Agustina Brines se convirtió en cogerente junto a José Ramón Tiller.

El único que puso reparos fue el representante del PP, Rafael Soler, que dijo que votaría en contra porque no consideraba «necesaria» la existencia de dos gerentes.