El “caso Alquería” apunta a Compromís, la ex cogerente de Divalterra sigue cobrando un sueldo público

Ocho años de prisión es la pena que solicita la Fiscalía para el ex presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, para dos asesores, Ricard Gallego y Manuel Reguart, para el ex gerente de Divalterra, José Ramón Tíller y para la ex cogerente de esta entidad pública, Agustina Brines.

De todos ellos, esta última es la única que sigue vinculada a una formación política. Compromís, la suspendió de militancia, tal y como se encargó ayer de matizar el síndic de la formación en Les Corts, Fran Ferri, pero desde Ciudadanos apuntaron que sigue viviendo del erario.

Se trata de la empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Burjassot, Cemef y ocupa el puesto de directora de Programas, según consta en la información publicada en el portal de la Transparencia de la entidad. Está al frente del departamento de Recursos Humanos e Informática y solo tiene que rendir cuentas al gerente.

La diputada de la formación naranja en Les Corts, Mamen Peris, denunció ayer esta situación y exigió a Compromís que aparte a Brines de esta empresa porque sigue cobrando un sueldo público pese a estar acusada de malversación y prevaricación.

Ferri defendió con poco entusiasmo esta situación alegando que se trata de un puesto del que ya disfrutaba antes de pasar a codirigir Divalterra. “Solo volvió a su lugar de trabajo”.

LA RAZÓN trató, sin éxito, de recabar la versión de la afectada. En Cemef afirmaron que no podían facilitar ninguna información al respecto.

«Se creó un puesto para ella», aseguró ayer el concejal de Ciudadanos, Toni Subiela, que afirma que ocupaba el puesto de responsable de Recursos Humanos antes de marcharse a Divalterra. Después de su detención se le apartó de su cargo de cogerente y ella quiso volver a su plaza en Cemef, pero ya estaba ocupada.

Afirma que se maniobró para que volviese de gerente e incluso se despidió a la persona que ejercía ese cargo, pero la oposición criticó esta operación y acabó en el lugar en el que sigue trabajando. “Los delitos supuestamente cometidos en Divalterra tenían el fin de enchufar a personas afines a Compromís. No nos parece muy estético que sea la persona responsable de contratar personal”. Subiela reclamó ayer al equipo de Gobierno local, donde el PSPV tiene mayoría, que la aparte de este cargo.

Rodríguez, en la alcaldía

La oposición exigió ayer al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, su dimisión, pero el ex socialista no tiene pensado abandonar la Alcaldía. Ayer aseguró que aguarda esperanzado el juicio al que se enfrentará, junto a 14 personas, por supuestos delitos de malversación y prevaricación por la supuesta irregularidad cometida en la contratación de altos directivos en la empresa pública Divalterra para beneficiar, según el relato del juez y el fiscal, a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Compromís. “No había ningún tipo de necesidad de contratar dicho personal de alta dirección y el trabajo se podía hacer con técnicos de la empresa”. En su contratación se gastaron 1,2 millones de euros.

El PP, personado como acusación particular, solicita 18 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Diputación de Valencia,el entonces socialista Jorge Rodríguez, y para los exgerentes de Divalterra, José Ramón Tiller y Agustina Brines, del PSPV y de Compromís, respectivamente.