El PP pide 18 años de cárcel al ex presidente socialista de la Diputación de Valencia por el caso Alquería

El PP solicita 18 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, el entonces socialista Jorge Rodríguez, y para los exgerentes de Divalterra, José Ramón Tiller y Agustina Brines, del PSPV y de Compromís, respectivamente. Todos están procesados en el “caso Alquería” por malversación en la contratación de siete altos cargos para la empresa pública dependiente de la institución provincial que costaron 1,2 millones de euros al erario.

Según el escrito de acusación del PP, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se solicitan ocho años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, dos años por tráfico de influencia y ocho años más por un delito tipificado en el artículo 570 bis del Código Penal como organización criminal.

Rodríguez fue suspendido de militancia por el PSPV tras producirse su detencióny más tarde abandonó el partido para presentarse con su propia formación a la alcaldía de Ontinyent, donde ganó con mayoría absoluta las últimas elecciones locales con “La Vall ens Uneix”.

El Partido Popular solicita también su inhabilitación para ejercer un cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante los próximos 15 años y multas para todos ellos por un valor máximo de 2,2 millones de euros.

En lo relativo a la responsabilidad civil, exige la devolución de los 1,2 millones de euros “malversados” y también las costas procesales.

Además de Rodríguez también está procesado su ex jefe de Gabinete en la Diputación de Valencia, Ricard Gallego, los siete altos directivos contratados y a tres altos cargos más del PSPV y Compromís.

Se les imputa los delitos continuados de malversación de caudales públicos y de prevaricación, por la contratación “ficticia” de altos cargos, entre amigos y personas relacionadas con ambas formaciones políticas, sin tener capacidad para el desempeño de las funciones, y sin que fuera necesario la condición de alto cargo para desempeñarla.

Cómo se malversaron 1,2 millones

En el escrito de acusación, el PP asegura que en el Consejo de Administración de Dilvaterra, que presidía Jorge Rodríguez, del 24 de julio de 2015, se procedió al nombramiento del también acusado José Ramón Tiller (PSPV) como gerente de esta empresa, “con el encargo director del presidente de nombrar a Agustina Brines (Compromís) como cogerente y a José Luis Vera como director de servicios jurídicos”.

Relata que en ese consejo se advirtió de que estaban incumpliendo los principios de contratación de la Administración Pública de publicidad, mérito y capacidad. No obstante, solo hubo un consejero que votó en contra.

Posteriormente, “el equipo de gobierno”, contrató a la empresa Tomarial SL un informe jurídico en el que se daba validez jurídica a los nombramientos. “Así se consuman la contrataciones ilegales, pese a la existencia de nada menos que once informes en contra y, por tanto, con pleno conocimiento de la ilegalidad que se estaba cometiendo y del perjuicio económico para las arcas públicas”.

Se crearon nueva áreas de gestión para lo que se contrató a siete personas más, “ordenados directamente por el presidente Jorge Rodríguez. Todos los acusados eran conocedores de las ilegalidades que estaban cometiendo y aún así continuaron con su plan, llamando especialmente la atención las dos últimas contrataciones en las que ya constaban advertencias expresas y concretas que fueron desatendidas”.

El escrito de acusación de los populares incide en que la evolución de los presupuestos entre 2015 y 2018 no refleja la necesidad de utilizar recursos públicos para la creación y desarrollo de las nuevas áreas. “Cuatro fueron para Compromís y tres para el PSPV” y continúa afirmando que se generaron diez plazas de alta dirección cuando antes solo había una. “Los dos gerentes, el director de servicios jurídicos y los siete nuevos contratados”.

Prosigue afirmando que estos nombramientos de personal de alta dirección se hacen “para que ocupen un cargo ficticio o simulado” y apunta a que mientras el presupuesto general de la sociedad se redujo en cinco millones de euros, se aumenta de uno a diez el número de altos cargos.