La Intervención remitirá a Antifraude y al Tribunal de Cuentas 705 acuerdos y resoluciones de Ribó

La Intervención General del Ayuntamiento ha emitido un informe en el que advierte que en 2020 el Pleno y la Junta de Gobierno aprobaron 705 acuerdos y resoluciones en los que se omitió la fiscalización previa, un 25,4 por ciento más que en 2019, y por un importe superior a los 38 millones de euros.

El informe de Intervención deberá ser aprobado por el Pleno y remitido al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Antifraude.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha explicado que en el informe anual que elabora la Intervención General Municipal (IGM) y que eleva al Pleno para su aprobación sobre omisión de fiscalización y sobre resoluciones contrarias a reparos del interventor, “aparecen 705 expedientes aprobados por la Junta de Gobierno Local y el Pleno sin que conste en los mismos la fiscalización previa”.

Este informe sobre omisión de la fiscalización de la Intervención General Municipal deberá ser enviado para su supervisión y aprobación al Tribunal de Cuentas y a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Haciendas Locales y en la propia Ley 11/2016 de 28 de noviembre de la Generalitat de creación de la citada Agencia.

Además de las 705 resoluciones y acuerdos aprobados con omisión de fiscalización previa, en 2020 el Ayuntamiento otorgó un total de 1.568 contratos a dedo, por un valor de más de 10,3 millones de euros., lo que supone una media de 130 contratos a dedo al mes y de 4,5 al día. En cinco años de gobiernos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento se han firmado 15.193 contratos menores que alcanzan un coste de más de 87.486.876 millones de euros.

Las adjudicaciones a dedo de contratos para evitar los concursos en los que se garantiza la pública concurrencia de empresas se han convertido en la principal marca del mandato de Ribó y sus socios de gobierno. Al respecto, Catalá ha recordado que “tanto el Interventor como la Agencia Antifraude han advertido al gobierno municipal para que frene este tipo de contratación que no garantiza la igualdad y la pública concurrencia de las empresas”.