PP denuncia en Fiscalía el intento de revocar un nombramiento en Divalterra

El PP de la Diputación de Valencia ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para dar cuenta de las actuaciones que “pretenden revocar la elección de la jefatura de Recursos Humanos de la empresa Divalterra”.

Los hechos que se han puesto en conocimiento del Ministerio Público describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección, que “indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación”, según ha informado el PP en un comunicado.

En el transcurso de ese proceso se han detectado “situaciones en las que los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del consejo de administración de la empresa pública, Ramiro Rivera”, han señalado las mismas fuentes.

El PP considera que “desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo. Las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del consejo de administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera”.

Las mismas fuentes señalan que “no se ha atendido ni valorado la contestación que el tribunal de selección emitió al candidato que quedó en segundo lugar desestimando sus alegaciones”.

Los miembros del tribunal se han reafirmado en que el proceso de selección fue transparente y con todas las garantías legales por lo que si el candidato que alegó tenía dudas sobre el mismo debía acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, apunta el PP.

“Estas actuaciones sólo revelaron el especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos”, añade.

El portavoz del Grupo Popular, Vicente Mompó, ha lamentado que durante este proceso de los últimos meses se han producido graves irregularidades y ha quedado claro que “cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa”.

Mompó ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal “que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas” y este organismo incluso concedió a alguno de ellos la “condición de testigo protegido”.

A juicio de Mompó, “la decisión de cerrar la empresa obedece más a la pérdida de control político por parte del actual equipo de Gobierno de la Diputación que a cualquier otro condicionante y el hecho de anunciarlo en una junta cuya celebración habían forzado de los grupos de la oposición lo evidencia aún más”.