La consellera Mireia Mollà advierte a los consejeros del Puerto de su responsabilidad si continúan las obras

La Autoridad Portuaria de Valencia se pregunta si la carta recibida por la consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, contiene una «amenaza, advertencia, intromisión, presión o todo a la vez» cuando advierte al presidente de la entidad sobre la responsabilidad personal de cualquier actuación que contravenga las medidas cautelares de la Albufera aprobadas por el Consell, una advertencia que se amplía a todos los miembros del Consejo de Administración, a los que también curso la misiva.

La respuesta de Mollà contesta así a la remitida el miércoles por Aurelio Martínez, en la que aseguraba que las obras que se plantean en la ampliación norte se van a efectuar dentro de aguas abrigadas y “en ningún caso” entran dentro del área de estudio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera, y tampoco producen ningún impacto significativo respecto a la ampliación de la Red Natura 2000.

Mollà afirma que las medidas cautelares aprobadas con motivo de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera impiden las obras de ampliación del Puerto de Valencia mientras dure la citada actualización. Asimismo, recuerda los términos de las medidas cautelares que establecen «la prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido», a tenor de lo establecido en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos.

El escrito deja constancia de que «cualquier actuación que contravenga esta norma “se hace a sabiendas de su injusticia haciendo personal y directamente responsable de ella»

Recuerda que la actualización del Plan de Ordenación tiene por objeto la ampliación zonal cuyo alcance no se conocerá hasta que no concluya el procedimiento de revisión, con una duración máxima de tres años.

“No cabe descartar la afectación derivada de obras como el canal de acceso y dragados previstos en tanto que se desconocen los extremos de la nueva extensión territorial que ya incluye, por ejemplo, la zona marina próxima a litoral del Parque Natural”, señala. Y añade que la APV “no puede concluir que no se verá afectado un territorio que permanece abierto a incluir nuevas zonas y prolongar su tamaño”.

La ampliación se adecua, además, a la necesidad de incorporar lo establecido en la Ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad, que en su artículo 29.2 indica: “Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras y mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado.