La patronal de las residencias valencianas recurrirá a la Justicia la orden que prohíbe los abrazos

Casi un año y medio sin recibir un abrazo. Aunque las visitas sí están permitidas, el contacto físico entre residentes y familiares sigue prohibido. La medida, recogida en una resolución de la Generalitat valenciana, es excesiva. Así lo considera la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) que presentará un recurso contencioso-administrativo a la resolución que regula el funcionamiento de las residencias y servicios de personas mayores, y pedirá medidas cautelares para que se permita el contacto físico con los familiares.

Aerte también pedirá la eliminación de la reserva de las 1.400 plazas para aislamientos en centros, la necesidad de alcanzar un 95 por ciento de vacunación entre todas las personas del centro para considerarlo de vacunación completa y la posibilidad de hacer ingresos en centros con brotes, cuando estén controlados.

La entidad critica que, pese a que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dijo “hace diez días que había espacio para seguir avanzando”, sin embargo “todo sigue igual”.

Al menos, señala, “nos ha contestado públicamente” mientras la Conselleria de Sanidad “ni siquiera ha respondido a los correos” en los que pedía una reunión, según el presidente de Aerte, José María Toro.

”Los residentes, las familias y los profesionales ya están agotados y no entienden que no se cambie la normativa”, ha argumentado.

En los últimos tres meses y medio se han producido 37 casos positivos de covid-19en residencias y siete fallecidos desde el 1 de marzo, lo que indica la baja incidencia tras la vacunación. Además, según el propio estudio ProVaVac que lleva a cabo la Generalitat, el 98,7 por ciento de las personas vacunadas en residencias ha desarrollado anticuerpos a los tres meses de la segunda dosis, por lo que está en una de las tasas más altas descrita hasta el momento.

Por todo ello, y con las evidencias que hay a día de hoy, Toro ha pedido a las familias y profesionales que se sumen a esta reivindicación de modificación de la normativa, que está orientada a “mejorar la calidad de la vida de las personas que atendemos”.