Bravo dice que el requisito lingüístico será “razonable y proporcional”

“No queremos que el valenciano se convierta en un elemento de confrontación”

La consellera de Interior, Gabriela Bravo,
La consellera de Interior, Gabriela Bravo,Kai FörsterlingEFE

La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado este miércoles que los criterios para la elaboración del reglamento que regulará el nivel de competencia lingüística de valenciano para acceder a un puesto de trabajo en la Generalitat serán “razonables y proporcionales en la línea que ha marcado el Tribunal Constitucional”.

No queremos que el valenciano se convierta en un elemento de confrontación, que es en lo que lo ha convertido la oposición”, ha asegurado Bravo, quien ha dicho que esto sería “una grave irresponsabilidad”, según ha informado la Generalitat.

Tras el acto de constitución de la Comisión de Estudio para la Acreditación de la Competencia Lingüística en la Función Pública Valenciana, Bravo ha dicho que el valenciano “es una seña de identidad y una riqueza cultural que tenemos la obligación de fomentar sin provocar ningún tipo de discriminación”.

“Existía una deuda histórica pendiente, ya que éramos la única comunidad autónoma con dos lenguas que no tenía incorporada a la ley la exigencia de capacitación lingüística”, ha subrayado Bravo, quien ha destacado que la comisión se encargará de proponer los criterios que servirán de base para acreditar los conocimientos de valenciano necesarios para cualquier trabajo de la Generalitat.

La comisión, compuesta por diez personas, está presidida por Emili Sampio, subsecretario de Presidencia de la Generalitat, y tiene a la subsecretaria de la Conselleria de Justicia, Belén Cardona, como coordinadora, un grupo al que también se le unen diversos miembros de la administración pública valenciana y profesores lingüísticos de diferentes universidades de la Comunitat.

Según la Generalitat, el grupo de trabajo cumplirá con lo establecido en la nueva Ley de la Función Pública Valenciana, aprobada el pasado 16 de abril, que dice que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, se elaborará un reglamento que determinará qué grado de conocimientos de valenciano serán exigibles según los puestos a los que se oposite.