Hacienda vence el pulso a Economía y logra que una empresa pública gestiona Feria Valencia e IFA

Las Consellerias de Hacienda y Economía han acordado este miércoles integrar a Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) en el sector público de la Generalitat mediante la creación de una empresa mercantil.

Con la creación de esta sociedad mercantil -que puede ser una empresa pública con dos divisiones al estilo de Ferrocarrils de la Generalitat, o dos sociedades-, se resolverían los problemas de la deuda y los aspectos patrimoniales que presentan.

Con este acuerdo se avanza en la reestructuración de Feria Valencia, pendiente desde hace años y sobre la que se ha trabajado más intensamente en los últimos meses en cuanto al modelo jurídico, aunque discrepancias entre la propuesta de Economía de transformarla en una corporación de derecho público, de gestión y financiación privada, y la Conselleria de Hacienda y de la Abogacía General de la Generalitat, han prolongado dar una solución a la entidad.

El subsecretario de la Conselleria de Economía, Natxo Costa, redactó un borrador de decreto en el que proponía que ambas entidades se conviertan en corporaciones privadas de derecho público, de manera que estarían sometidas al control público, aunque las decisiones se tomarían por un Consejo de Administración en el que estarían presentes los empresarios.

El borrador fue remitido a la Conselleria de Hacienda, que rechazó la idea de Costa al considerar que la propuesta no resuelve numerosas cuestiones tanto “de carácter jurídico y organizativo, como de carácter financiero, económico y patrimonial, que son básicas para la viabilidad de estas instituciones”.

El documento recordaba que con la subrogación de la deuda de Feria Valencia e IFA por parte de la Generalitat, surge una deuda por importe de 445,4 millones de euros que Feria Valencia debe a la Generalitat, y un saldo acreedor por valor de 76 millones en el caso de la institución ferial alicantina.

Para Hacienda, la existencia de este saldo acreedor supone un “obstáculo importante para la viabilidad financiera de la nueva institución” que vaya a desarrollar las competencias en materia de promoción e internacionalización del comercio valenciano.

En su opinión, cualquier operación jurídico patrimonial que tenga como finalidad la gestión de dicho saldo debería realizarse en el seno de una entidad enmarcada en el sector público instrumental (SPI) de la Generalitat valenciana.

Así que finalmente ha vencido la opción defendida por el departamento de Soler, que optaba por una entidad dentro del perímetro del SPI “permitiría la realización de las aportaciones de activo y patrimonio relativas a los inmuebles y saldo acreedor que harían posible la viabilidad de una nueva entidad con una estructura patrimonial sin desequilibrios y una integración del personal ajustada a las necesidades reales”. Sería “una solución relativamente sencilla”, asegura.