Tribunales
La juez deja en libertad al exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, encarcelado por el caso Azud
Alfonso Grau (PP) y el empresario Febrer permanecen en prisión
La juez que instruye la causa Azud ha decretado la libertad del ex subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el socialista Rafael Rubio, al apreciar que ha desaparecido prácticamente el riesgo de destrucción de pruebas, al haber avanzado la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.
Rubio fue detenido e ingresó en prisión el pasado 13 de mayo en el marco de lo que se conoció como la operación Azud 2, y que fue la continuación de la causa Azud que se inició en abril de 2019 con la detención del cuñado de la exalcaldesa fallecida, Rita Barberá, José Luis Corbín. En la causa Azud se investiga el pago de comisiones para la adjudicación de proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Valencia.
Junto a Rafael Rubio, fueron detenidos el 13 de mayo y también ingresaron en prisión el que fuera vicealcalde de Valencia en los gobiernos populares, Alfonso Grau; el empresario considera corruptor, Jaime Febrer; la empresaria Mónica Montoro y el considerado cerebro financiero de la trama Joaquín Pastor. Los dos últimos fueron puestos en libertad el pasado 29 de junio.
Tanto a los dos primeros como a Rafael Rubio se les aplican las mismas medidas cautelares, es decir, deben entregar el pasaporte, han de presentarse ante el juzgado semanalmente y no pueden salir del territorio nacional.
Siguen en prisión Alfonso Grau y el empresario Febrer.
Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil consideran que Rafael Rubio cobró una comisión de 300.000 euros del empresario Febrer a cambio de cesar en sus acusaciones constantes de irregularidades que el entonces portavoz de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Valencia, hacía de proyectos urbanísticos de Febrer.
Según los investigadores, el jefe de finanzas del PSPV, José Cataluña, sentó en una mesa en el restaurante Berenice, de Valencia, a Rubio y a Febrer y ahí acabaron las desavenencias y comenzó una colaboración que se trata de averiguar si también se tradujo en ingresos para el partido socialista.
La causa está abierta por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y todavía permanece secreta. La investigación comenzó de forma sigilosa en 2017 y estalló en 2019 con la detención del abogado y cuñado de Rita Barberá, José Luis Corbín.
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