El Síndic de Greuges insta al Consell a dar una ayuda de alquiler a los que esperan una vivienda pública

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una resolución instando a la Conselleria de Vivienda a conceder de manera automática la ayuda al alquiler a las personas demandantes de vivienda pública, cuando no pueda facilitarles un alojamiento y cumplan los requisitos de pertenecer a una unidad de convivencia especialmente vulnerable o en riesgo de exclusión social.

Las competencias en materia de vivienda las tiene la vicepresidencia segunda, que está en manos de Héctor Illueca, de Unides Podem.

En su informe de 2021 ya dio un buen tirón de orejas a la Generalitat valenciana. Denunció que la mayoría de las quejas del Síndic de Greuges en 2021 se han concentrado en la “incapacidad de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo derechos vitales de la ciudadanía, debido a la falta de medios y a la ineficaz gestión de los recursos”. Instó al Consell a cambiar el procedimiento de gestión de las grandes ayudas, especialmente las de mayor urgencia: las de la renta valenciana de inclusión y la dependencia, aunque también apuntó a las ayudas de vivienda.

El defensor insiste ahora en que cuando una persona solicita una vivienda pública, la Administración debe responderle en el plazo legal de seis meses y detallarle cómo va a resolver su problema habitacional.

Luna considera “irrazonable” que la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda tenga una validez de dos años y que incluso se pueda prorrogar por otros dos más. “Lo que se traduciría en que transcurridos dos o cuatro años, la administración puede que no haya sido capaz de ofrecer ninguna solución a la carencia de vivienda del ciudadano, contradiciendo así el sistema establecido por la ley valenciana de la Función Social de la Vivienda”.

El Síndic propone incluir en los formularios de inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda un apartado específico para que, en caso de carencia de vivienda pública que adjudicar, se pueda solicitar alternativamente alguna de las ayudas directas previstas por la Ley. De este modo, no se obliga a la persona a estar pendientes de las convocatorias de ayudas que aparecen el DOGV para solicitarlas expresamente y se simplifican los trámites del procedimiento.

Esta resolución de recomendaciones es el resultado de la investigación que el Síndic inició en noviembre del año pasado para analizar cómo podían afectar a los derechos de las personas demandantes de vivienda pública algunas de las previsiones que contempla el nuevo decreto del Reglamento de Registro de Viviendas de la Comunitat Valenciana y Procedimiento de Adjudicación de Viviendas.

La queja de oficio se abrió para investigar el posible incumplimiento por parte del decreto analizado de la ley de la función social de la vivienda y la obligación de tramitar la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda solo por vía telemática.

No faltan funcionarios

Tras la presentación del informe, el síndic dijo ser consciente de que la infrafinanciación lastra la contratación de empleados públicos, pero no acepta esta sea la única causa para que el sistema no funcione.«No descartamos que el problema sea tanto la falta generalizada de personal, sino que el sistema es estático y poco eficaz en la gestión de recursos y que no tiene en cuenta el incremento de cargas de gestión que se producen en algunos servicios en momentos determinados y la disminución de otros».