Compromís escucha a Oltra y acepta el decreto sobre las renovables que quiere el PSPV

Compromís votará a favor del macrodecreto para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania que incluye, entre otras cuestiones, medidas para acelerar la implantación de energías renovables en la Comunitat Valenciana. La portavoz de esta formación, Papi Robles, ha confirmado hoy que su formación votará mañana a favor y ha dado prácticamente por descartado que se vaya a pedir su tramitación como proyecto de ley.

De esta manera, Compromís acepta el “deseo” que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, expresaba el pasado viernes tras la reunión del pleno del Consell. Defendió que el decreto era correcto y dijo que existía hasta un 50 por ciento de posibilidades de que no acabase tramitándose como proyecto de ley.

A cambio, Compromís exigirá la tramitación de una Ley de Soberanía Energética, además de la ya reclamada Agencia Valenciana de Energía. Esta es la opción más probable, aunque “todavía quedan 24 horas para la votación”. Robles ha explicado que además de la urgencia en fomentar las energías renovables, también es importante cómo se haga. “Hablamos de la instalación de energías renovables, de cómo se va a distribuir y comercializar, debemos hablar de que los ayuntamientos, que deben tener capacidad de decisión”. Además, ha insistido en que se debe priorizar la instalación en tejados y polígonos industriales para no consumir más territorio.

Con la Ley de Soberanía Energética Compromís pretende marcar la estructura de cómo se desarrolla esta cuestión en la Comunitat Valenciana, por lo tanto, Robles ha dicho que debe estar aprobada antes de que acabe esta legislatura.

“El decreto habla de dónde vamos a producir la energía. Nosotros queremos una ley de cómo se hace, se comercializa y cómo garantiza que todas las personas tengan derecho a la energía”. Y ha recordado por último que “no podemos volver a pedirle al entrono rural que genere la energía solo porque los que vivimos en la ciudades consumimos por encima de nuestras necesidades”.

Por su parte, José Muñoz, que ha intervenido en el debate en representación del PSPV ha dicho que “la posición de la Comunitat Valenciana respecto a las renovables es la misma que la de aquellos países que a principio del siglo XX descubrieron que tenían petróleo en su suelo. Pero no son energías fósiles, sino limpias y económicas” y ha instado a no dejar pasar esta oportunidad: “podemos estar no solo en la autosuficiencia sino en la excedencia energética”.

Muñoz ha recordado que actualmente la Comunitat Valenciana genera 1.200 megawatios de energía eólica y 400 megawatios de fotovoltaica cuando la pretensión es llegar a los 6.000 mw y 4.000 mw, respectivamente. Y ha concluido que “este decreto es la gran oportunidad valenciana para ponerse al frente de las economías y de la regiones europeas”.

Contrario al criterio de Muñoz, el diputado del PP, Rubén Ibáñez, ha afirmado contundente que “este decreto ley es la constatación de un gobierno en descomposición” y ha hecho hincapié en que “los que lo hicieron no han venido a defenderlo”.

Ha criticado que “en este decreto ley no hay ayudas. Es una huida hacia delante de un Consell en tiempo de descuento”.

El popular considera que el decreto es una invitación al recurso de inconstitucionalidad “porque es una barbaridad normativa. Un decreto para tapar el ridículo del primer decreto de medidas urgentes”.

Por su parte, Estefanía Blanes, de Podemos ha dicho que “compartimos la necesidad de salir de la dependencia energética, pero hay que ir con calma para hacer las cosas bien hechas”.

Ha pedido reforzar la protección del territorio, como la preservación de la Red Natura 2000 y ha recordado que el hecho de que sean energías renovables no quiere decir que sean instalaciones inocuas. Blanes ha optado por “pequeñas cooperativas antes que grandes plantas de multinacionales” y priorizado “primero en suelo urbano, luego degradado y luego sin uso agrario”.

Desde Vox, el diputada José María Llanos ha asegurado que “este decreto ley no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania ni con la subida de precios. Es un parche más del Botànico en la legislación sobre la ordenación del territorio”.

Ha dicho que la normativa del decreto ley no pasaría los trámites parlamentarios y que se modifican 27 leyes, decretos ley o decretos de la Generalitat pero “ni proponen ni introducen medidas eficaces ante la crisis por la guerra de Ucrania”.

Para Llanos, los socialistas “tienen intereses personales de llenarse los bolsillos como otros se los llenaron antes. Y ahora tiene la necesidad de repartir placas solares y molinos de viento por toda la Comunitat”.

Por último, Llanos ha recordado que España es responsable del 0,7 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, mientras que Europa emite el 9 por ciento, y ha puesto la lupa en países como China o India.

Para la diputada de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, se trata de un decreto “ley omnibus” y ha criticado que solo el 19 por ciento de la energía que consumimos es renovable. Ha criticado que el decreto de medidas urgentes no hable de deflactación de tramos de IRPF y ha recordado la puntualización de la Abogacía de la Generalitat que recuerda que la leyes deben contener mandatos y no exhortaciones o declaraciones laudatorias en alusión a la Ley de Memoria Democrática.

Es anticonstitucional, según el PP

El PPCV estudia llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley de medidas en materia de simplificación, racionalización y agilización administrativa aprobado, por segunda vez, el pasado viernes, 22 de abril, con medidas que tienen como objetivo frenar la crisis generada por la guerra en Ucrania.

“Es un decreto ley aprobado que acumula despropósitos legales y no respeta la ley”, ha argumentado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, quien ha asegurado que disponen ya de la suficiente base legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional este nuevo decreto en toda aquella parte que no tiene que ver con las medidas de urgencia tomadas ante la crisis.

El popular ha criticado que se haya aprovechado este texto para modificar asuntos que no tienen nada que ver con la situación económica. Afecta a una veintena de leyes de las que Mazón ha destacado, la reforma de la Ley de Memoria Histórica, la declaración de interés público de los hospitales de campaña, la modificación de la Ley de Publicidad Institucional o la creación de una Agencia Alimentaria. «Pedimos el nuevo informe de la Abogacía para saber si sus razones legales coinciden con la sensación de dislate de las que nos informan nuestros servicios jurídicos. Hay un tufo de autoblanqueamiento y legalizar con posterioridad asuntos irregulares».