Lío monumental en el Comité de Peticiones por la investigación sobre la gestión de Mónica Oltra

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este jueves admitir la solicitud presentada por el grupo popular de Les Corts sobre la política de menores del Gobierno valenciano, y pedirá a la Comisión Europea que le informe sobre el cumplimiento de la transposición de la directiva europea realizada durante la etapa de la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

Este es el resultado de lo vivido esta tarde en esta institución europea, pero para llegar a él ha habido un debate bronco entre los grupos de la derecha y los de izquierda, y en el que la división de los Renew sobre esta cuestión ha provocado un durísimo cruce de acusaciones que ha provocado la desbandada de un buen número de diputados. No obstante, han quedado los suficientes para que pudiese realizar la votación para que la petición quedara archivada.

La queja ha sido formulada por la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, y la abogada Ana María Gil, quien ha reclamado una norma europea que establezca un “marco claro” para proteger a los menores en casos de abusos de menores “con un control independiente y protocolos de actuación comunes”.

Bastidas ha señalado que su formación ha acudido a esta comisión después de que el parlamento valenciano rechazara, hasta en tres ocasiones, y también en el Congreso de los Diputados, la apertura de una comisión de investigación sobre el informe del Síndic de Greuges que denunciaba la existencia de abusos a 175 menores tutelados.

Tras la exposición ha tomado la palabra el director general del Secretariado y de la portavoz del Consell, Juan Vicente Santos, quien ha acusado a Bastidas de realizar “manifestaciones falsas”, y ha defendido que la Comunitat Valenciana cuenta con un avanzado nivel de protección de los menores tutelados y una legislación que garantiza sus derechos.

Santos ha remarcado que esta petición “no busca esclarecer ningún hecho”, sino su uso político. Además, ha insistido en que la gran mayoría de los abusos a los que ha hecho referencia Bastidas se han producido fuera de los centros de menores. La excepción, ha insistido es por el que ha sido condenado el ex marido de Oltra, que ha sido juzgado aunque, “la sentencia aún no es firme”.

A continuación los diferentes grupos han ido dejando clara la división de opiniones sobre esta cuestión. La eurodiputada del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha señalado que esta comisión “no se tenía que haber celebrado” porque se ha utilizado “políticamente y de una manera partidista e interesada por la derecha”. Mientras que el eurodiputado de Ciudadanos (Cs), Jordi Cañas, ha votado a favor de que se atiendan las dos peticiones presentadas para que la Eurocámara se implique, “porque se trata de un caso de falta de diligencia de las administraciones españolas, que son las que ejercen la tutela de los menores en instituciones públicas”.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha determinado que debido a la división de los Renew no se podía tomar la decisión del voto ponderado y ha propuesto una votación. Sin embargo, esto no ha sido del agrado de los partidos de izquierda, que han pedido que se celebrase en otro momento para que pudiesen estar presentes más eurodiputados, “es jueves por la tarde”, ha argumentado Ernest Urtasun, de Izquierda Plural.

Sin embargo, la popular Montserrat, ha leído el reglamento que dicta que en esta situación se debe someter a votación, siempre que haya quorum y, aunque muchos eurodiputados abandonaron la comisión, ha habido el número justo- nueve- para que sí se produjera.

El debate ha sido mucho más largo de lo esperado y quedaban pendientes tres quejas más. No obstante, tras la votación el hemiciclo se ha vaciado y los traductores, como ha indicado en diferentes ocasiones Montserrat, han terminado su jornada antes de que se tramitasen todas las peticiones.

La decisión sobre si una delegación de europarlamentarios viajará a la Comunitat Valenciana a comprobar cómo es la gestión de menores, la tomará la Comisión de Coordinación que se reúne una vez al mes.