Justicia

La consellera Bravo culpa abiertamente al CGPJ y la Ministerio del colapso de la Justicia

“Hemos heredado una empresa del siglo XIX y no nos dejan hacer cambios, solo pagar”

Gabriela Bravo, en una imagen reciente
Gabriela Bravo, en una imagen recienteGENERALITAT VALENCIANAGENERALITAT VALENCIANA

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha señalado esta mañana que la culpa del colapso de la Justicia “es de quien tiene las competencias, es decir, del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno central”.

Bravo ha explicado que en el año 2015 los juzgados valencianos ingresaron 934.361 asuntos mientras que en 2021 han ingresado 669.576, además la inversión se ha multiplicado (en los presupuestos de 2023 aumenta un 10,7 por ciento): “con menos asuntos, más inversión, más personal y más infraestructuras, la noticia sigue siendo el colapso judicial”.

La consellera ha hecho hincapié en que “quien tiene capacidad para revertir esto es quien tiene las competencias, y eso es el CGPJ y el Gobierno” y ha añadido que “la posición de las comunidades autónomas son el del señor que paga pero no decide” y ha enfatizado que “seguiré atendiendo lo que me pidan, pero luego si entrevistáis a cualquier juez o presidente de la Audiencia dirán que no tienen medios”.

Bravo ha criticado duramente que las comunidades autónomas “no deciden el organigrama territorial que es el siglo XIX, ni siquiera el organigrama interno, es decir, la oficina judical”.

Y ha puesto el ejemplo de que es “como si tuviéramos un empresa del siglo XIX y en el testamento el dueño dijera que no se puede trasformar ni modernizar. Seguimos teniendo el modelo de funcionamiento de 1870, con procedimientos de finales del XIX que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. También ha explicado que a los protagonistas de la administración de Justicia le dan miedos los cambios.

Bravo ha continuado lamentando que “yo sigo poniendo dinero y el nivel de satisfacción general es que la justicia es lenta, los jueces y los fiscales están descontentos y los representantes sindicales lo mismo. Mantener esta industria, si no la transforma, no me resulta productivo”. Ha dicho que “una empresa donde los trabajadores entran y salen, y nadie controla un trabajador que desayuna tres horas, no puede ser”.

Soy muy federalista

La consellera se ha definido como “muy federalista y me creo la necesidad de reforzar el estado de las autonomías. Viví en primera persona la gestióln de la pandemia y fue la demostración más evidente de ello”.

Y ha concluido que “este Consejo General no es operativo ni activo. Y no nos dejan cambiar el modelo de trabajo”.

Bravo ha expuesto también las líneas de su presupuestos para 2023 siempre con la misma perspectiva de que la Generalitat cada vez invierte más, pero no luce el esfuerzo en absoluto.

El presupuesto sube un 10,7 por ciento, lo que “tiene una importancia vital”, porque muchas partidas del presupuesto crecen en función de los fondos europeos “y para Justicia no hay”.

Ha destacado que “en justicia gratuita teníamos que seguir creciendo. Los estándares están por encima de la media europea. Tenemos que seguir creciendo porque tenemos compromisos de nuevos edificios judiciales y de mejorar las retribuciones de los profesionales” y en este apartado ha destacado los 70 millones de euros destinados a la justicia gratuita.

También ha destacado la importancia de las oficinas de atención a las víctimas del delito “que prestan atención inmediata porque muchas veces, hay mujeres que denuncian, principalmente violencia de género, sin asistencia letrada porque les dicen que su abogado va a tardar una o dos horas en llegar porque está muy ocupado”. Por estas oficinas han pasado 120.000 víctimas, de las que un 60 por ciento son mujeres por casos de violencia de género”.

Ha explicado que “hemos incorporado la posibilidad de retribuir más actuaciones sobre todo que afectan a procedimientos de desahucios. Somos la comunidad autónoma que retribuye mejor al turno de oficio, los baremos más altos. Por encima de la media europea”.

Por último también ha destacado la reducción de un 15 por ciento en el gasto energético de los edificios judiciales.