Vivienda

Compromís pide “topar” el precio de los alquileres o que se transfieran las competencias a las autonomías

La formación denuncia que los precios han subido un 23 % en Alicante y un 21 % en Valencia

El alcalde de València y portavoz de Compromís por Valencia, Joan Ribó; la síndica de Compromís en las Cortes Valencianas, Papi Robles, y el portavoz y diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, se saludan a su llegada a la presentación en rueda de prensa de la propuesta de la coalición para vivienda
El alcalde de València y portavoz de Compromís por Valencia, Joan Ribó; la síndica de Compromís en las Cortes Valencianas, Papi Robles, y el portavoz y diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, se saludan a su llegada a la presentación en rueda de prensa de la propuesta de la coalición para viviendaRober SolsonaEuropa Press

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la síndica en Les Corts, Papi Robles, y el alcalde de València, Joan Ribó, han reclamado este lunes tomar “medidas más valientes” para limitar los precios de los alquileres o ceder las competencias sobre su regulación a las comunidades autónomas.

Así lo han afirmado en la rueda de prensa que han ofrecido en la sede de la formación para informar de las propuestas de la coalición en materia de vivienda, y han denunciado que, a pesar de que la subida del precio de los alquileres está limitada por ley al 2 %, en la ciudad de Alicante han subido un 23 % y en Valencia, un 21 %.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha considerado que esas cifras demuestran que “el límite legal no ha funcionado” y ha lamentado que “intentos de regulación autonómica como la ley catalana han sido tumbados por el Tribunal Constitucional”.

“Alegan que las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda pero que las competencias de regulación de los precios del alquiler son del Estado”, ha explicado Baldoví, que ha reclamado que “si no lo regulan, que lo cedan a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos”.

También se ha referido a la nueva Ley de vivienda que se está tramitando en el Congreso, y ha detallado que las enmiendas de Compromís reclaman topar los precios del alquiler “efectivamente, de forma que no se pueda huir”, y definir “muy claramente” cuáles son las zonas tensionadas.

Asimismo, las enmiendas piden “reconvertir la Sareb en un ente público destinado al acceso a la vivienda”, así como la suspensión definitiva de los desahucios de personas que estén en situación de vulnerabilidad o no tengan alternativa habitacional, hasta que Servicios Sociales les dé una y, por último, establecer una responsabilidad limitada a las hipotecas.

Por su parte, la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha lamentado que la vivienda “se ha convertido en un bien de mercado” y ha subrayado el trabajo de la Generalitat en esta materia, especialmente en cuanto a la adquisición de vivienda pública.

“Desde el Botànic se ha puesto en marcha el derecho de tanteo y retracto, que es una forma que tiene la administración de decirle a los fondos buitre: yo paso por delante de ti para comprar una vivienda”, ha destacado.

Asimismo, ha recordado que los grupos de Les Corts ya trabajan en la Ley de vivienda cooperativa, y ha destacado la necesidad de “poner tope a los precios del alquiler” mediante inversiones para que “en lugares tensionados como Ciutat Vella podamos asegurar que la gente puede vivir en su barrio”.

Para el alcalde de València, Joan Ribó, “toda la política que se ha hecho en materia de vivienda se ha hecho pensando en la compra”, algo que, ha denunciado, muchas personas, sobre todo jóvenes, no pueden permitirse.

Ribó ha destacado algunas medidas que ha tomado el consistorio en materia de vivienda, como los 2,4 millones de euros concedidos en ayudas al alquiler, que forman parte del total de 6,4 millones concedidos en total en ayudas a recursos habitacionales en la ciudad de València, frente a los 712.000 euros que otorgó el PP en 2014, ha recordado.

Asimismo, ha explicado que la Oficina municipal por el derecho a la vivienda ha conseguido en 2022 224 suspensiones de desahucios por intervención directa y 28 por acuerdos de mediación.

“Apostamos por la colaboración público-privada con el fomento de las cooperativas de futuros propietarios, de seniors y de cesión de uso”, ha señalado Ribó, y ha reclamado un control más estricto de los apartamentos turísticos y una limitación a la compra de viviendas por parte de personas que no residen ni trabajan en la ciudad y que “ven la vivienda como una inversión”.