Los agricultores denuncian la “batalla judicial” de la Generalitat por los terrenos para la gigafactoría de Volkswagen

La ofensiva judicial que la Administración ha abierto con los agricultores afectados por las expropiaciones en Parc Sagunt II está llegando a situaciones surrealistas que multiplican la indignación del sector. Según advierten la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la empresa pública Espais Econòmics Empresarials, participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, ha enviado una demanda por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia a un pequeño propietario para tratar de no abonarle 1.073 euros de diferencia que hay entre la cantidad ofrecida y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, de modo que, además de retrasar el pago al menos tres años, va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga.

En total, de acuerdo con los cálculos de ambas organizaciones agrarias, la Administración ha decidido agotar la vía administrativa y llevar a los tribunales a aproximadamente 800 agricultores para no pagar 25 millones de euros más, con los gastos en abogados y procuradores que un proceso de estas dimensiones supone y pese a que, por experiencias anteriores, este tipo de procedimientos tienen muy bajas probabilidades de prosperar dado que el TSJ suele otorgar al jurado la presunción de veracidad y acierto en sus valoraciones.

Por el contrario, la Generalitat no escatima recursos económicos para llevar a cabo las obras de urbanización en esta misma superficie. Los anuncios hechos públicos estos días acumulan más de 260 millones para labores de desbroce, acondicionado o accesos, así como la compra a 153 euros por metro cuadrado para construir un centro de formación de trabajadores para Volkswagen. Todo ello sin contar con las millonarias subvenciones prometidas a la gigafactoría.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, consideran “demencial el trato de la Generalitat Valenciana y el Gobierno central hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen. Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso. Para nuestros gobernantes hay dinero a espuertas para Volkswagen, que no deja de ser una empresa privada, regalado a costa de pagar migajas a los agricultores, quienes se van a ver despojados de forma forzosa de su patrimonio y de su medio de vida y, además, se van a ver inmersos en un interminable juicio donde todos pierden”.

Por ello, las dos principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana solicitan a la Generalitat y al Gobierno que “rectifiquen, acaten el precio marcado por el jurado de expropiación, no alteren artificialmente el mercado del suelo y dejen de insultar a los agricultores y también a las empresas que anteriormente adquirieron sus espacios a precios mucho mayores porque eran los fijados por el jurado y el mercado. No nos merecemos este robo, expolio o como quieran llamarlo. En un Estado democrático este comportamiento manipulador de la Administración no cabe. O retiran la vía judicial o nos tendrán en la calle”.