Una asociación de damnificados por la dana presenta una querella contra cinco cargos de la Generalitat y contra la CHJ

La Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, de Valencia ha presentado hoy una querella criminal en los juzgados de instrucción de Valencia contra cinco personas que eran miembros del gobierno de Carlos Mazón el día de la trágica dana, y contra el presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Además de este últimos, la denuncia se dirige contra la exconsellera Salomé Pradas, contra el exsecretario autonómico de Seguridad, Emilio Argüeso, el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; también contra Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y contra Inmaculada Peris, jefa del servicio de Emergencias.

Se les acusa de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro, siendo las víctimas más de cien querellantes, agrupados en esta asociación que reúne a más de 340 damnificados.

Además, se ha pedido la testifical del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, contra quien no se querellan, si bien explican que el proceso penal es abierto y que según se practique la prueba se podría ampliar la querella hacia otras personas, algo que también se hace extensivo a las administraciones del Estado, ya que de momento solo se denuncia al presidenta de la Confederación Hidrológica del Júcar, pero en el delito de la omisión del deber de socorro se podría incluir a otras instituciones conforme avance la instrucción. Además, se ha reclamado documentación al Cecopi, a la Aemet y a la CHJ.

El presidente de la Asociación, Christian Lesaec, ha explicado que la riada pilló a todas las poblaciones haciendo vida normal y "tuvimos que luchar por nuestra vida. En los días siguientes hemos seguido sufriendo el desamparo y la soledad ya que todos los afectados suponíamos que habría una movilización masiva de los recursos del Estado y del gobierno autonómico y no fue así".

Ha recordado que los vecinos del barrio de Alfalares, en Alfafar (Valencia), empezamos a organizarse para pasarse víveres, "y al organizarnos por calles a mi se me ocurrió coordinar la ayuda y a partir de ahí surgió la idea de crear la asociación que fundamos cuatro personas el 11 de noviembre con le objetivo de ayudarnos entre los afectados del barrio y que se fue extendiendo a otras poblaciones".

Lesaec ha explicado que el motivo inicial para crear la asociación no era presentar la querella: "necesitábamos reparaciones urgentes porque había vecinos sin terrazas y sin puertas y que por la noche tenían una tremenda inseguridad y estaban desesperados por conseguir una puerta para descansar esa noche". Según ha explicado "una serie de personas vinieron a vender puertas que no eran ni de la calidad ni del precio que se había estipulado y formamos una red de profesionales, a ser posible afectados. Y de ahí se llegó a que esto no podía quedar impune".

Por su parte, el abogado Manuel Hernández ha explicado que "se ha presentado antes de esta rueda de prensa una querella criminal en la que buscamos conocer los hechos que han acontecido, los previos y los posteriores. Es una querella que encabeza la asociación, más de cien personas han firmado. Se trata de la mayor querella presentada hasta la fecha, en la que existe una investigación muy exhaustiva, con más de 70 página donde se explican los hechos y 37 documentos".

Ha informado de que entre los querellantes hay afectados, familiares de fallecidos, lesionados, gente que ha tenido daños materiales y aquellos que tienen daños morales. La querella viene a reclamar además de la sanción punitiva penal, una responsabilidad civil dirigida a las personas físicas a las que se dirige la querella, "y entendemos que puedan ser sancionados económicamente".

También ha explicado que "no podemos incorporar a las entidades publicas como responsables subsidiarios. Por ello se esta trabajando una demanda de responsabilidad patrimonial a la administración pública que hay que presentar antes de un año".

El abogado habla de tres ítems importantes que fundamentan la querella. El primero de ellos es la falta de previsión y la falta de acción cuando se conocía desde el 20 de octubre que se iba a producir una dana. "Los avisos fueron reiterativos, especialmente los días 26, 27 y 28 de octubre que se califica de intensidad torrencial". y en este punto ha explicado que la propia Conselleria de Hacienda sabía de la importancia de la tormenta porque la Universitat anuló un acto el día anterior, en el que participaba este departamento del Gobierno valenciano. También apunta que el mismo día, Aemet habla de peligro extremo y lanza la alerta roja que es la que incluye riesgo de vida.

Hernández ha explicado que "no se debería haber lanzado el aviso a las 20.11 porque ya se había producido el desbordamiento del Poyo y su llegada a la zona cero" y apunta a la descoordinación de que a las 13.42 la CHJ desactiva el aviso de crecida del barranco y más tarde avisa que abre compuertas.

El segundo de los ítems es el conocimiento del riesgo de desbordamiento de la cuenca del Poyo y "aportamos el estudio de acciones estructurales de alta prioridad previstas que no se han desarrollado".

Por último, explica que el tercer ítem es que "no se sintieron amparados y hubo omisión del deber de socorro".

El abogado ha concluido haciendo hincapié en que "a resultas de la instrucción se podría presentar denuncia contra el presidente de la Generalitat ante el órgano pertinente" y ha recordado que el homicidio imprudente tiene hasta cuatro años de pena de prisión, y las lesiones, hasta tres años.

También ha explicado que queda por hacer un importante trabajo pericial para fundamentar la querella por responsabilidad patrimonial.

Por su parte, el presidente de la Asociación ha explicado que "la posibilidad de que este juicio se dilucide en Madrid ha sido uno de los motivos para elegir a un bufete de Madrid, pero el principal ha sido la confianza que nos causó".

También ha coincidido en que "los procedimientos penales son abiertos. Si surgen otros responsables se hará escrito de ampliación de querella" porque "a nosotros nos impulsa más el corazón, la sensación de abandono, pero las cosas hay que pensarlas bien y por eso nos dejamos asesorar por el bufete".

También ha explicado que "la mayoría de familias de las víctimas mortales se van a querellar a través de la asociación Sos Desaparecidos y ellos van a enfocar su querella en la pérdida de un familiar, y nosotros hemos decidido agrupar a todos los damnificados tengan o no familiar. Hay entre diez o quince asociados que han perdido a un familiar, y tres de ellos se han querellado" y ha concluido recordando que "el objetivo principal de la asociación no era la querella".

A preguntas de los periodistas, Lesaec ha apuntado que nadie de la Administración se ha puesto en contacto con ellos".