Nuevo pontífice

Dana. La vía judicial
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, admitió en su declaración del pasado 14 de abril, que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo no le informó personalmente ni de la crecida del Poyo ni del desbordamiento del río Magro. Según la declaración prestada ante la jueza que instruye la causa de la dana y que se prolongó por siete horas, Bernabé apenas recibió información sobre el estado de los cauces y que solo habló con Polo principalmente de las consecuencias de una posible rotura de la presa de Forata. Según la declaración de la delegada, cuya transcripción ha sido entregada hoy a las partes personadas, Polo apenas intervino en el Cecopi para explicar que si se rompía Forata, una ola de cuatro metros de altura afectaría a todos los municipios aguas abajo del pantano, algo que posteriormente a esta intervención, Bernabé pidió que le explicara telefónicamente y así lo hizo Polo, aunque pocos datos más le aportó que no hubiera dicho en el Cecopi.
Sorprendentemente, la delegada del Gobierno se enteró del desbordamiento del Magro "por los medios de comunicación".
Bernabé, en cierta medida, justifica esta falta de información ya que a partir de que la Confederación decretara la alerta hidrológica, algo que pasó a las 12.20 de esa mañana, la competencia en la vigilancia de los cauces pasa a la Generalitat.
En la declaración de Bernabé hay pocos datos nuevos respecto a lo que ella misma y el resto de abogados explicaron al salir de la declaración. La delegada suspendió la agenda ese día y anuló un viaje, al decretarse la alerta roja meteorológica y se reunió temprano con todos los organismos estatales como UME, Guarda Civil, Policía Nacional, Tráfico....etcétera para que estuvieran todos alerta y atendieron cualquier petición que se pudiera dar desde la Generalitat, algo que se produjo a cuenta gotas y tarde, como es el caso de la movilización de la UME que se ofreció desde la doce y no se solicitó hasta pasadas las 15.
De la declaración sí que llama la atención que la jueza instructora declara improcedentes todas las preguntas formuladas por los abogados personados cuando hacen alusión a por qué no pidió la declaración del nivel 3 de la emergencia. La respuesta de la jueza siempre es la misma: no procede, y en una ocasión explica que "puesto que estamos dirimiendo un procedimiento por homicidios imprudentes y lesiones imprudentes, por qué no se adoptaron medidas para proteger a la población, no si se declaró o no la emergencia nacional, que no era necesaria para evitar esos fallecimientos o lesiones". En otra ocasión, la jueza explica a preguntas de una de las partes sobre si se activó el Centro Nacional de Seguimiento de las Emergencias que "los organismos nacionales no son objeto de este procedimiento y este juzgado carece de competencia para investigar al gobierno de la nación". Son varios los abogados tanto de acusaciones particulares como populares los que formulan preguntas de este tenor y todas ellas son declaradas improcedente por su señoría, ante la también reiterada protesta de los letrados.
Llama también la atención que la delegada dice que no oyó hablar en el Cecopi al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y que eso no es habitual ya que en los Cecopi, aunque la dirección la lleve el conseller o consellera, la parte operativa la suele dirigir el secretario autonómico.
La declaración de la delegada también corroboró que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, no informó en el Cecopi de las llamadas que se estaban recibiendo en el 112, si bien en varias ocasiones sí que explica que la sala del Cecopi está muy próxima a un gran papel donde se reflejan mediante luces el número de llamadas y de desde dónde se producen.