Claves para entender los cambios legislativos impulsados por PP y Vox en la Comunidad Valenciana

Las claves de los cambios legislativos impulsados por PP y Vox en Les Corts Valencianes mediante cinco proposiciones de ley que va a tramitar el pleno de esta semana, y que según sus impulsores avanzan en la agenda reformista y según la oposición suponen una involución, son:

Ley de la Concordia

- Formada por 5 artículos, deroga la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 (de 65 artículos) y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.

- Abarca desde 1931 hasta la actualidad: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico. La vigente se refiere a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo.

- Crea la 'Unidad de Concordia'; establece que la Generalitat elaborará un 'Catálogo de vestigios' y habla de 'lugares de concordia', donde han ocurrido "hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva".

- Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, menos los procesos de exhumación.

- PP y Vox la justifican "frente a las injerencias, coacciones y restricciones de derechos de la legislación memorialista". La oposición critica que "blanquea el franquismo" y pone en plano de igualdad la segunda república con la dictadura.

Ley de Libertad educativa

- Formada por 21 artículos, deroga la ley de Plurilingüismo de 2018 (de 30 artículos) y reivindica el modelo de las dos líneas (valenciano y castellano) que había antes de la llegada del Botànic, que estableció un mínimo del 25 % en castellano y valenciano para todo el alumnado.

- Diferencia las zonas de predominio lingüístico castellano y valenciano -y establece porcentajes distintos del tiempo lectivo obligatorio de la otra lengua cooficial- y fija el derecho de las familias a elegir la lengua base (ahora lo hacen los consejos escolares).

- Permitirá desde el próximo curso la exención de la evaluación y calificación del valenciano en las zonas castellanohablantes y elimina el requisito lingüístico del profesorado en enseñanzas de formación profesional y régimen especial.

- Se otorgarán certificaciones automáticas de valenciano según el nivel educativo, por ejemplo el B1 para quien apruebe la materia en la ESO.

- PP y Vox la justifican para "devolver" a los valencianos "los derechos en materia lingüística" frente a una ley que "impone un modelo único" y "discrimina el castellano como lengua cooficial". Para la oposición, busca "liquidar el valenciano" en las aulas.

Ley de la Corporación Audiovisual

- Formada por 34 artículos, deroga la ley de 2016 que permitió poner en marcha la radiotelevisión pública À Punt (de 51 artículos) y crea la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que sustituirá a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

- Contempla un consejo administración de 8 miembros (7 elegidos en Les Corts -por 3/5 en primera vuelta, por mayoría absoluta en la segunda- y 1 por la FVMP). Sustituirá a un Consejo rector de 10 miembros (la mitad elegidos por Les Corts y el resto por el Consell de la Ciutadania, el Consell audiovisual y los trabajadores de la Corporació, por 2/3 en primera votación y 3/5 en segunda).

- El consejo de administración aprobará en el plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo y mientras se suspenden los procesos de selección ofertados por la CVMC y la SAMC.

- PP y Vox la justifican por la necesidad de "extinguir" un modelo de gestión que no ha aportado "soluciones" y de reducir "la hipertrofia legislativa" de la norma actual. Para la oposición, busca el "control político" de la cadena.

Modificación de las leyes de transparencia e incompatibilidades

- Formada por 16 artículos, introduce cambios en dos leyes (no las deroga): la de Transparencia y buen gobierno de 2022, y la de Incompatibilidades de cargos públicos de 2016.

- Modifica la publicidad de las declaraciones de renta y de actividades de los cargos públicos -se publicará "un extracto"- y excluye de la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos los actos que son "mera actividad interna" o las reuniones "necesarias para la mera ejecución de contratos o convenios".

- Introduce la posibilidad de que los cargos públicos pertenezcan a un consejo de administración "de una entidad no pública" y añade una fórmula para desbloquear la renovación del Consell de Transparencia: si en dos meses desde la primera votación no logra los 3/5 de Les Corts, bastará con mayoría absoluta.

- El president de la Generalitat tendrá que presentar en su primer año un Plan de gobierno (ahora es en el primer semestre) y se introduce que a los tres años pedirá a Les Corts que se pronuncien sobre su cumplimiento.

- Se justifica para garantizar que haya más transparencia y control. La oposición considera que elimina la transparencia que introdujo el Botànic y avanza en la opacidad.

Modificación de la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude

- Formada por 6 artículos y presentada solo por el PP (Vox ha defendido que desaparezca este organismo, pero ha anunciado su apoyo a la propuesta del PP), cambia en la ley de 2016 la mayoría para la elección del director de la Agencia Antifraude (de tres quintos de Les Corts, a mayoría absoluta en la segunda vuelta).

- Las retribuciones del director, que actualmente se asimila al rango de director general, las determinará la Mesa de Les Corts. Si es funcionario de carrera, no podrá cobrar menos.

- El director podrá contar con dos eventuales (ahora todos los puestos de trabajo los ejercen funcionarios de carrera).

- El PP la justifica para reforzar el funcionamiento de la AVAF. La oposición cree que se favorece "el asalto" a un organismo actualmente inmerso en el proceso de renovación de su primer director.