Compromís pide cambiar la ayuda al coche eléctrico por tarjetas de transporte

El grupo Compromís en Les Corts Valencianes no solo quiere acabar con los vehículos privados contaminantes sino que pretende cambiar el paradigma desde el centro mismo del concepto: quiere acabar con la aparente necesidad de poseer un vehículo, y en ese sentido, ha propuesto que las ayudas que da el Gobierno para la adquisición de un vehículo eléctrico en sustitución de uno de combustión, se cambien por una tarjeta que permitiría viajar en el transporte público colectivo, y que tendría el mismo valor que la ayuda citad.

Compromís pretende «potenciar el acceso a la movilidad sostenible del conjunto de la ciudadanía, y reducir el número de vehículos privados en circulación distribuyendo una tarjeta de prepago que se habilite para utilizar servicios de movilidad compartida a cambio de la retirada del vehículo privado contaminante».

Esta tarjeta se entrega al ciudadano cargada con un importe equivalente a la ayuda que se recibiría si se retirara el coche para comprar uno eléctrico, en el momento en que el ciudadano o ciudadana retire su vehículo privado.

Esta tarjeta verde de movilidad podrá ser usada tanto en servicios de transporte público como en la contratación de todos los servicios privados de movilidad compartida como, por ejemplo, transportes de media y larga distancia, alquiler de vehículos y cualquier otra solución de movilidad que no implique la compra de nuevos vehículos privados de uso particular, según la proposición no de ley de Compromís.

Recuerdan que el Plan Moves del gobierno del Estado es una apuesta por la transición hacia una movilidad eléctrica mucho menos contaminante. Sin embargo, a pesar de que se pueden destinar hasta 7.000 euros de ayuda por vehículo y desgravar una parte considerable del IRPF, los precios de los vehículos eléctricos particulares (que superan los 30.000 euros de media descontando ayudas) hacen imposible que las familias de rentas medias y bajas puedan acceder a estas ayudas.

Además, argumentan que la reducción del número de vehículos privados y la apuesta por la movilidad compartida y los servicios de movilidad a demanda pueden contribuir a reducir significativamente las emisiones, los residuos y la extracción masiva de recursos naturales que hasta ahora se han vinculado a la movilidad.

La disminución significativa del transporte privado por el transporte público, que reduce el número de vehículos en circulación, además, puede ayudar a redimensionar las infraestructuras necesarias para garantizar el derecho a la movilidad y, por lo tanto, contribuir también a no tensar más aún el territorio, y a ordenar mejor los usos del suelo para destinarlo a actividades y usos más sostenibles.

Por último, aluden también a factores estructurales como que la crisis económica actual, junto con factores tales como el excesivo precio de los vehículos eléctricos e híbridos, sumados a la caída de las matriculaciones nuevas, hacen que la edad media de los vehículos de combustibles fósiles en las carreteras aumente; ello conlleva un envejecimiento de la flota.