En marzo de 2025 la Conselleria de Emergencias envió una nota de prensa con el titular: "La Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana homologa 315 nuevos planes municipales frente a emergencias" en la que se da cuenta de los acuerdos que se tomaron en el pleno de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana. Entre otros asuntos se abordó el inicio de la actualización del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana, en el que anuncia que "se va a incluir un nuevo procedimiento de actuación para la gestión del sistema de alerta a la población ES-Alert". Se trata, explica, de un procedimiento de carácter horizontal que se aplicará con la activación de cualquier plan de Protección Civil ante una situación de emergencia.

La defensa de la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, según consta en un escrito al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, solicita entre los documentos que aportan al juzgado esta nota de prensa.

Argumenta que "es fundamental para contextualizar el marco normativo y operativo vigente en materia de emergencias en la Comunitat Valenciana en la fecha de los hechos que se instruyen en esta causa, concretamente el día 29 de octubre de 2024" e insiste en que "acredita de manera fehaciente que, en el momento de producirse los sucesos investigados, el sistema de aviso a la población Es-Alert aún no estaba formalmente incorporado al Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana".

Así mismo, ha pedido a la jueza de Catarroja que pida a la Generalitat saber cuántas alertas rojas se han decretado en los últimos 10 años y en cuántos de esos casos se procedió a la convocatoria de un CECOPI tras las mismas.

Argumentan para esta petición que así se dispondrá de un elemento de contraste "muy relevante, para poder apreciar la excepcionalidad de la constitución del CECOPI el día 29 de octubre de 2024, especialmente ante las afirmaciones de tardanza sostenidas por algunas acusaciones y recogidas en determinados autos".

"Esta diligencia permitirá establecer un marco comparativo basado en hechos, que ayudará sin duda a determinar si la actuación del 29 de octubre de 2024 se ajustó a los protocolos habituales y a la práctica seguida ante situaciones de emergencia en las que se declaró la alerta roja".

Personal del SAIH

Asimismo, pide que se incorpore copia de los pliegos de la licitación del contrato del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), en los que se recogen los requisitos que deben cumplir las empresas licitadoras, entre ellos, el de contar con personal especializado. Recuerdan que la empresa a la que fue adjudicado el contrato de servicios fue MATINSA.

Sostienen que "la aportación de estos pliegos es imprescindible para verificar los requisitos técnicos y profesionales exigidos a la empresa para la correcta operación y mantenimiento del SAIH, especialmente en lo relativo a la necesidad de contar con personal especializado".

Agrega que "permiten evaluar la diligencia en la contratación y en la supervisión del servicio, así como determinar si hubo un cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales por parte de la empresa adjudicataria".