La jueza de la dana abre una pieza separada contra el abogado que denunció la participación de su marido en la instrucción

La jueza que instruye la causa de la dana ha ordenado la apertura de una pieza separada para determinar si es procedente sancionar al letrado del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso por el contenido de un escrito presentado al juzgado en el que denunciaba la posible injerencia en la causa del marido de la instructora del caso, Nuria Ruiz Tobarra, que también es juez.

En el auto, la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, revela que un abogado grabó "subrepticiamente" a su marido y a su hija menor de edad, en la sala de vista tras unas declaraciones, cuando siguió utilizando el sistema webex con la cámara.

Durante los últimos meses, diferentes medios de comunicación han denunciado la presencia del marido de la jueza en la sala y el abogado de Argüeso, José María Bueno, pidió a la Letrada de la Administración de Justicia certificar en cuántos interrogatorios de la causa había participado el también magistrado. También pide que se aclare si ha participado en la redacción de resoluciones o si tiene alguna autorización que le permita actuar en dicha instancia.

Además, el abogado había pedido a la Letrada de la Administración de Justicia certificar en cuántos interrogatorios de la causa ha participado el magistrado marido de la jueza, si es que lo ha hecho; si ha participado en la redacción de resoluciones o si hay "autorización" que le permita actuar en esta instancia, entre otras.

La jueza ha rechazado esta petición que considera como el "enésimo capítulo en una estrategia de defensa que, de forma burda, pretende apartar a esta juez del procedimiento" y no solo eso, sino que ha decidido la apertura de una pieza separada para estudiar si se procede sancionar al letrado por el contenido del escrito y por el apoyo documental, pues se trata, afirma de fotografías obtenidas ilícitamente.

La jueza expone que se están publicitando a través de las quejas emitidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que también ha acudido la otra imputada, la ex consellera de Justicia, Salomé Pradas, para orquestar informaciones que forman parte de "una campaña difamatoria y que destila un machismo atroz".

La magistrada apunta que, primero, se alegaron cuestiones de competencia territorial que se descartaron, y añade que, a través de quejas ante el CGPJ, denuncias y querellas "se repite y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz", y añade que esos artículos "albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta juez de instrucción y su marido".

La instructora, que subraya como fundamento del estado de derecho de la independencia e inamovilidad de los jueces y el juez ordinario predeterminado por la ley, considera que el abogado de Argüeso, con las peticiones de prueba que reclama, "viola frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional" y asegura que pretende convertir el procedimiento "en el lugar no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido". "Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos", agrega.

La magistrada subraya que el abogado de Argüeso "es conocedor que los fotogramas que están circulando jamás pueden corresponder a la grabación de la declaración, dado que ninguna es facilitada a las partes".

De hecho, explica que en una declaración se cerró el sistema Arconte, que registra las declaraciones judiciales ya que habían acabado, pero uno de los letrados que participó telemáticamente vía webex continuó utilizando el sistema con la cámara que permite ver la imagen del letrado apagada, "grabando subrepticiamente a todos los que entraban en la Sala, no solo a mí, a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró" ese día tras la práctica de la declaración.

"Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante", recalca la jueza que señala que, por contra, ella sí que adoptó medidas en abril de 2025 para que no se obtuvieran ni difundieran ulteriormente imágenes de los investigados en las declaraciones.

Además, arremete contra el abogado de Argüeso al que acusa de pedir pruebas para buscar la descalificación personal cuando no las declaraciones de los testigos no se ajustan a sus deseos. Como ejemplo, cita la solicitud de examen forense del jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana.