El juicio de la causa Erial se aplaza al 21 de marzo por la enfermedad del letrado de Zaplana

La Sala de la Audiencia que juzga la denominada causa Erial ha suspendido el juicio hasta el próximo 21 de marzo con motivo de la enfermedad del letrado que defiende a Eduardo Zaplana, quien ha sufrido recientemente un infarto.

La causa que ya se prolonga durante más de seis años afrontaba desde hoy su recta final si bien el infarto sufrido por el abogado del expresidente Zaplana va a a demorar las vistas del juicio que se reanudarán en la citada fecha.

La tensión ha sido la nota dominante en la sesión de hoy como reflejo de las negociaciones que han mantenido los hermanos Cotino con la Fiscalía Anticorrupción para evitar la prisión, unas negociaciones que se podrían concretar en multas millonarias, pero sin la inhabilitación para contratar con la Administración, algo que ya sucedió en el juicio de Gürtel en el que también estuvieron imputados los Cotino y que se dirimió en la Audiencia Nacional. En aquella causa, todos los empresarios investigados pactaron con la Fiscalía su confesión para evitar las penas de cárcel.

Estas negociaciones en la actual pieza Erial habrían motivado otros acercamientos de otros imputados a la Fiscalía, entre ellos Joaquín Barceló o Juan Francisco García. En cualquier caso, los pactos han de reafirmarse en Sala, algo que no podrá suceder hasta que se reanude el juicio. En el día de hoy ha sido patente la tensión entre el expresidente Zaplana y su examigo y "testaferro" Joaquín Barceló: al acercarse éste al expresidente, Zaplana se ha dado la vuelta y le ha conminado a no aproximarse a él.

Cabe recordar que Zaplana estuvo en prisión por esta causa del 22 de mayo de 2018 al 7 de febrero de 2019, si bien permaneció ingresado en La Fe por la leucemia que padece desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Eduardo Zaplana por el cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones de la Generalitat Valenciana como lo fueron las del plan eólico y la privatización de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Además, el fiscal reclama el decomiso de 20 millones de euros en los que se cifran las comisiones ilegales y de las que ya se habrían recuperado casi siete millones de euros.

Junto a Zaplana están imputados sus amigos Joaquín Barceló (al que el fiscal pide 8 años), Francisco Grau (idéntica pena), su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, al que reclama catorce años; su exsecretaria, Mitsouko Henríquez, a la que reclama ocho años de prisión y los empresarios Vicente y José Cotino, con peticiones de pena de catorce años, así como el también expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, al que se le pide una pena de seis años de prisión.

Otros de los imputados son Robert Bataouche, Ángel Salas, Carlos Rodríguez, Saturnino y Elvira Suances, Francisco Pérez, Pedro Romero, Robert Bataouche y Ángel Salas, así como diversas mercantiles propiedad de los imputados.

Los delitos de los que acusa el Ministerio Público son son los de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.