La política de vivienda, el reto de pasar a la acción

La oferta de vivienda nueva en la ciudad de Valencia sumó, según el último informe de la Cátedra del Observatorio de Vivienda de la UPV, 185 inmuebles, mientras que la cifra de creación de hogares al año puede situarse en 2.000 o 3.000. Es uno de los datos que se dieron a conocer en el foro «Futuro del sector inmobiliario», organizado por LA RAZÓN Comunitat Valenciana. «Se trata de una situación que jamás se había producido», apuntó el presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova), Antonio Olmedo. Bajo su punto de vista es el resultado de los ocho años de Gobierno del Botànic en los que «no ha habido actividad desde el ámbito público, y se ha imposibilitado la iniciativa privada». En concreto, durante los ocho años del Botànic se construyeron cuatro viviendas públicas, frente a las 7.060 del total nacional.

Así lo destacó el secretario autonómico de vivienda de la Generalitat valenciana, Sebastián Fernández, quien expuso la política del Gobierno valenciano al presidente de la Federación Valenciana de empresarios de la construcción (Fevec), Francisco Zamora; el presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Valencia (COAT), Vicente Terol; el vicepresidente y portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv), Vicente Díez; el CEO de SFI Consulting, Javier Timoner, el socio de MyCO Living, Juan Carlos Gracia y Oscar Rubio, CEO de Lodgerin.

Este último incidió en que, no solamente la oferta es insuficiente para los valencianos, sino que recordó que España recibe cerca de 400.000 inmigrantes al año, de los cuales muchos quieren vivir en Valencia. Esta circunstancia ha afectado a los precios del alquiler, que se ha multiplicado por tres durante los últimos años. «Hay una emergencia habitacional», aseguró y denunció que hasta ahora «se ha atacado a la oferta limitando los precios del alquiler», lo cual, como muchos de los ponentes corroboraron, lo que consigue es eliminar vivienda del mercado.

Timoner, por su parte, aseguró que «la situación va a empeorar si todos los actores no se unen para solucionarla», por lo que hizo un llamamiento por un «pacto social para cambiar el rumbo lo antes posible». «Si queremos que Valencia sea una ciudad de futuro, tenemos que darle la posibilidad de que ocurra. Estar donde nos merecemos», señaló.

Por otro lado, Vicente Díez, explicó que reducir la demanda es muy complicado, «se trata de aumentar la oferta, no puede ser que en España hayamos pasado de construir 600.000 viviendas al año a 100.000». Instó a «ponerse las pilas, ya que hay necesidades sociales que atender, hay que aumentar el parque público», señaló. En este sentido, remarcó que una de las prioridades debería ser «aprovechar los espacios inútiles, como las plantas bajas, que ahora se han reconvertido en viviendas turísticas».

Zamora, por su parte, explicó que son muchas las causas que explican la situación de falta de vivienda en la que nos encontramos, como el «boom» inmobiliario, tras el cual muchos bancos adquirieron las viviendas como «activos tóxicos» y de las cuales no se ha vuelto a saber nada. Además, subrayó como otros de los problemas que, en materia de alquiler, se beneficia más al que alquila que al propietario, e incluso se protege a los «okupas».

Desde el colegio de arquitectos técnicos, Terol añadió que no solo existe un problema de vivienda, sino también de sociedad, ya que el precio medio del metro cuadrado en Valencia es de 3.000 euros, mientras que el salario medio se sitúa en 1.700. En este sentido, subrayó que «el suelo es uno de los factores que ha encarecido la vivienda».

En este sentido, el socio de My CoLivig, Juan Carlos Gracia, explicó que se han comenzado a desarrollar otro tipo de soluciones habitaciones para subsanar el problema de acceso a la vivienda para los jóvenes, que, en general, han postergado su independización mediante la compra de vivienda, y prefieren antes vivir nuevas experiencias como compartir piso o viajar. «La vivienda es una necesidad, pero ya no es el objetivo principal por el que quieren trabajar».

La respuesta a todas estas cuestiones por parte de la Administración vino de la mano del secretario autonómico de Vivienda, quien recordó que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha comprometido a construir 10.000 viviendas sociales a lo largo de esta legislatura en colaboración público-privada.

Fernández recordó que durante el gobierno del Botànic el precio del alquiler se incrementó un 92 por ciento y un 50 por ciento el de compra de vivienda. Lamentó que durante esos ocho años se produjo un «exceso de normas que no han dado resultado, hemos tenido unas normas muy ideologizadas, que han conseguido que los propietarios hayan decidido derivar sus viviendas, que podrían estar en alquiler, a otras tipologías, como el mercado turístico, ante la inseguridad jurídica generada».

¿El resultado? En la actualidad, hay 27.000 demandas de vivienda en el registro de la Conselleria. El secretario autonómico aseveró que «las recetas no han sido eficaces y hay que tomar decisiones para modificar esta tendencia». En este sentido, aseguró que la mejor de las soluciones es incorporar al mercado oferta de vivienda, y eso es lo que hará la Generalitat.

Estas 10.000 nuevas viviendas, explicó, tendrán un impacto positivo en más de 24.000 personas, sin contar con el impacto económico, un aspecto que añadió el presidente de los promotores, Antonio Olmedo, quien señaló que para la construcción de esos nuevos inmuebles se crearán entre 85.000 y 90.000 nuevos puestos de trabajo, con un impacto positivo de 480 millones de euros.

Ley de Vivienda

Con respecto a la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada el año pasado, justo antes de las elecciones, por el Gobierno central, todos los componentes de la mesa coincidieron en que se trata de una norma «perversa» y con fines electorales que, además, supone una «absoluta intromisión» en las competencias autonómicas, señaló Fernández.

En este sentido, explicó que la Generalitat valenciana prefirió no gastar el tiempo recurriendo la norma al Constitucional, como hicieron otras autonomías, sino empezar a introducir modificaciones en la propia ley autonómica de vivienda. «Estamos trabajando en la modificación de algunos decretos que son clave para la promoción de viviendas públicas».

Aseguró que se encuentra en fase de consulta pública el decreto sobre VPO, y prometió que durante los próximos meses se producirá una «profunda reforma del contexto normativo» para revertir la actual situación.