Tragsa, el tapón de las obras de emergencias de la dana

La dana ha conseguido lo imposible, que la Comunitat Valenciana pueda presumir de tener unas cifras de récord en lo que a licitación de obra pública se refiere. Desde diciembre de 2024 a abril de 2025, las obras de emergencia para reparar los daños de la riada suman 968 millones de euros.

«Nuestro ratio de participación en la licitación nacional en este primer cuatrimestre del año 2025 ya marca máximos históricos y alcanza un 20,14 por ciento del total», afirma el director gerente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, en un informe que analiza esta cuestión. Sin embargo, detrás de este dato, los contratistas advierten sobre una cuestión: los cuatro lotes de obras que entran dentro del acuerdo marco encargado a Tragsa están completamente paralizados.

En lo que va de año, la Administración General del Estado ha licitado 93 millones de euros, que corren a cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y 574,750 millones a través de Tragsa.

Esta empresa pública debe ejecutar obras de emergencia a lo largo de los próximos 48 meses, pero todavía no ha podido licitar ni una sola. Están divididas en cuatro lotes por valor de 242 millones, dos de 121 y un último de 90.

El problema, según apunta Miñés es haber dejado en manos de Tragsa esta gran cantidad de obras. El proceso, ya de por sí complejo, se vuelve más «farragoso» y menos efectivo, pues la empresa pública se vuelve ente adjudicador y tiene que comenzar una nueva precalificación de las empresas.

Además, sostiene que Tragsa tiene que subcontratar a su vez a otras empresas incluso para elaborar los proyectos, por lo que insiste en que, a la vista de la nula licitación iniciada, hubiera sido más práctico transferir estos 574,750 millones de euros a la Generalitat valenciana, quien a través de sus consellerias y equipos técnicos y administrativos podrían haber dado salida con mayor celeridad a estas obras ahorrándose así, pasos intermedios. «Se hubieran situado con mayor prontitud y rigor las correspondientes obras de reconstrucción en el territorio».

Así mismo, Tragsa se ha convertido en la empresa a la que deben acudir aquellos Ayuntamientos que no se vean con capacidad para gestionar el dinero que el Gobierno ha ingresado en sus cuentas para reparar los servicios municipales que quedaron destruidos por la dana. En total, suman 1.745 millones repartidos en 74 municipios a las que solo se les dieron dos opciones: asumir con medios propios las obras o delegar también en Tragsa. Además, si no ejecutan los trabajos en el plazo establecido tendrán que devolver el dinero al Gobierno con intereses de demora.

Muchos Ayuntamientos no tardaron en denunciar que ni una vía ni la otra era la más adecuada para acometer con agilidad obras que deben ejecutarse lo antes posible, por lo que el Gobierno valenciano se ofreció a dotar de medios a aquellos ayuntamientos que así lo solicitasen y finalmente han sido 28.

Por su parte, la Generalitat valenciana a través de las consellerias de Agricultura y la de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, han licitado este primer cuatrimestre obras de emergencia por valor de 76 millones.