Zaplana recurrirá la condena del caso Erial y alega el cambio en la declaración del testaferro Belhot

La defensa del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, condenado a diez años de prisión por la causa conocida como Erial, presentará recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia de Valencia alegando, entre otras circunstancias, el cambio en la declaración del que fuera testaferro de Zaplana, Fernando Belhot, quien pasó de negar los hechos a declararse intermediario del expresidente, después de alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrrupción, por el que también pasó de imputado a testigo.

La defensa de Eduardo Zaplana alega hasta quince motivos para presentar el recurso, entre los que también destaca la entrada y registro en el despacho del abogado Ramiro Blasco, quien entonces ostentaba la defensa de Marcos Benavent, más conocido como el "yonki del dinero". En dicho registro se halló la "hoja de ruta" para el cobro de comisiones por adjudicaciones de la Generalitat valenciana a empresas de la familia Cotino, en lo que se denominó los "papeles del sirio", los cuales, según una rocambolesca declaración de Benavent, fueron hallados por un excolaborador del CNI en una casa que había habitado años antes Eduardo Zaplana en la ciudad de Valencia, y que fundamentó la investigación y posterior acusación de la causa.

También alega la defensa de Zaplana la vulneración del derecho constitucional a la defensa, a un proceso con garantías y a ser informado de la acusación, tanto en la imputación del delito de falsedad, como en el de prevaricación y en la práctica de la prueba.

Declaraciones del resto de acusados

La defensa del expresidente también hace hincapié en las declaraciones inculpatorias de algunos de los acusados, como fue el caso del que fuera jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat, Juan Francisco García; o del amigo de infancia de Zaplana, Joaquín Barceló. Ambos asumieron la acusación del Ministerio Fiscal y confesaron los hechos. Por ello, considera la defensa que se vulnera el derecho constitucional a la defensa, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución.

El recurso de casación también pondrá el foco en lo que considera errores de hecho en la apreciación de la prueba que demostrarían "la equivocación del juzgador" y vulnerarían el derecho a la tutela judicial efectiva.

La defensa fundamenta esta alegación en extractos de cuentas bancarias radicadas en Andorra así como las manifestaciones iniciales de Fernando Belhot, su personación en la causa y los autos de prisión y de libertad de Eduardo Zaplana.

También aporta la defensa documentos sobre el concurso para la adjudicación de la privatización de las ITV.

Por último, el recurso de casación también alegará vulneración del principio de legalidad en diversos aspectos así como la existencia de manifiesta contradicción entre los hechos probados en la sentencia.

Francisco Grau también recurre la sentencia

Por su parte, el también condenado Francisco Grau, ex asesor fiscal de Eduardo Zaplana, quien fue condenado a cinco años de prisión también recurrirá la sentencia alegando infracción a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y la inviolabilidad domiciliaria, entre otras.