El expolio del galeón San José ante la pasividad de España

Hace catorce años se puso el punto de arranque, aunque no de cierre, para una de las disputas culturales más dolorosas de la historia reciente de España en términos de patrimonio cultural. Me refiero al combate legal por los restos del pecio “Nuestra Señora de las Mercedes”, una fragata española hundida de forma injustificada por los británicos en el año 1804 en un acto que supuso la antesala de la batalla de Trafalgar y que ocasionó la muerte de más de doscientos marinos además de la perdida del cargamento procedente de América. Una empresa norteamericana, Odyssey, saqueó el navío naufragado llevándose consigo un enorme tesoro de oro y plata que, tras un áspero litigio, acabó por ser devuelto a España, reposando en la actualidad en el Museo Arqua de Cartagena.

Por supuesto, no es el único pecio español hundido bajo las aguas y, de este modo, un informe de la Armada Española producto de la iniciativa de los Ministerios de Defensa y de Cultura consignó hace más de diez años la existencia de 1580 barcos naufragados desde el siglo XVI. Uno de estos navíos perdidos es el galeón San José, hundido en las cercanías de Cartagena de Indias en el año 1708 por unos corsarios ingleses que, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, buscaban apropiarse del rico cargamento de metales preciosos que transportaba y que hoy se valora en varios miles de millones de euros.

Un botín tan apetitoso que, por supuesto, despertó en las últimas décadas los intereses de muchos. Sin embargo no fue hasta el año 2015 que se notificó su descubrimiento por el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos, aseverando pocos días después que el “galeón es un patrimonio de los colombianos para los colombianos”. Un mensaje dirigido contra la empresa norteamericana Sea Search Armada, que solicitó infructuosamente una indemnización por supuestamente haber localizado el galeón con anterioridad, pero también contra todos aquellos que reclamaban su posesión como, por ejemplo, el gobierno español que, muy pronto, en boca del por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores, José María Margallo y del secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, expusieron los derechos españoles sobre el navío.

Obviamente las reclamaciones españolas no tuvieron efecto alguno en el gobierno colombiano de aquel momento, que declaró rápidamente el buque como Bien de Interés Cultural, ni en los siguientes. La situación ha cambiado bajo el mandato de Gustavo Petro. Si en el 2022 se realizó un primer estudio fotogramétrico del yacimiento, en 2024 se puso en marcha el proyecto de investigación “Hacia el corazón del galeón San José” donde participan, entre otros, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Armada de Colombia, con el fin de, aparte de defender jurídicamente el yacimiento, salvaguardar, investigar, divulgar y también intervenir arqueológicamente el pecio.

Testigo excepcional

De este modo, se inició un trabajo de prospección subacuática que condujo a un primer trabajo de catalogación de más de mil piezas que se ha completado en una segunda fase recién publicitada hace apenas unos días con la que se pretende “profundizar en el estudio mediante el análisis directo de los objetos arqueológicos” con el fin de “estabilizarlos”, es decir, “adaptarlos gradualmente al cambio del entorno marino al terrestre, y conservarlos en óptimas condiciones” además de estudiar sus procesos de manufactura y, por supuesto, su contexto histórico y cultural. De tal modo, se ha llevado a la superficie un cañón, una taza de porcelana amén de varios fragmentos de este mismo material, tres monedas y muestras del légamo oceánico.

A todo esto, el gobierno español aún no ha realizado comentario a este último movimiento aunque desde hace más de una década la postura oficial sea la misma en torno a los derechos y propiedad del barco. De tal modo, se considera que no es un navío cualquiera sino que, siendo como es un buque insignia de la armada española caído en combate con seiscientos fallecidos, es decir, una tumba submarina, merece la categoría, conforme el derecho internacional, de buque de Estado perteneciendo, de este modo, al país heredero. Sin embargo, esa alusión a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO que avala la aspiración española ha caído en saco roto puesto que Colombia no firmó ese acuerdo internacional.

Otro tanto ha sucedido con los acercamientos diplomáticos. En el año 2019 la vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez y el ministro de Asuntos Exteriores José Guirao acordaron, partiendo del “principio de preservación indivisible del patrimonio cultural subacuático”, oponerse a la explotación comercial del galeón así como “explorar y considerar mecanismos que permitan materializar la oferta de cooperación científica y cultural” conjuntos “según la estructura institucional de dirección que la República de Colombia articule para adelantar el proyecto”, fortaleciendo las relaciones hispanocolombianas “en materia de patrimonio cultural subacuático”. Una articulación que, como se ve con las últimas noticias, no ha conducido a nada.

Y esa es una gran pena puesto que, ante la constatación de que la discusión y resolución sobre la titularidad del navío español pueda postergarse durante décadas, debería haber ya cauces abiertos de colaboración científica entre la recientemente creada Mesa Técnica para el Manejo y la Gestión del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia y las magníficas instituciones españolas que se dedican al estudio del patrimonio sumergido. No en vano, pese a las disputas, el galeón San José es un testigo de nuestro pasado común y podría ser un punto de arranque para el desarrollo de una fructífera relación académica, cultural y patrimonial entre ambas naciones hermanas.