La lengua como control político

Decía Antonio Gramsci, célebre pensador comunista, que «la esencia de toda guerra es la lucha por la cultura». Esta frase parece haber calado mucho en la sociedad, y es que no hay nada más que ver el famoso debate moderno acerca de la guerra cultural. Aún así, dentro de este marco, hay ciertos aspectos que, como sociedad, tendemos a olvidar. Es común discutir sobre algunos asuntos generales, leyes particularmente escandalosas o cambios sociales que se antojan delirantes. No obstante, no resulta igualmente prolijo el debate sobre las instituciones que marcan mucho más nuestra forma de ver el mundo; aquellas que determinan la norma de cómo hablamos.

El pasado día 15 de octubre, Arturo Pérez-Reverte, famoso escritor que no necesita más presentación, opinaba en X sobre las críticas que Luís García Montero, director del Instituto Cervantes, había vertido sobre la RAE que, cual magnífico detergente, fija, limpia y da esplendor a la lengua española. En la opinión de Montero, el actual director, Santiago Muñoz Machado, no estaría capacitado para realizar sus funciones por ser jurista y «no reconocer la riqueza de las demás lenguas del Estado». Por su parte, Pérez-Reverte acusa a Gª Montero de estar planeando dar el salto a la RAE para controlarla, siendo ya conocida su afinidad con el actual Gobierno.

Sea esta o no su intención, lo cierto es que nos deja una pregunta interesante: ¿qué ocurriría si esto llega a suceder? Y es que la organización que marca las formas correctas de nuestro idioma no puede ser tomada a la ligera. Aunque muchas veces, con sus costumbres algo arcaicas, y las particulares personalidades de muchos de sus miembros, resulte divertida, su función resulta clave.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu, avisaba de cómo el lenguaje, inconscientemente, nos marca a la hora de pensar y actuar. La creación de unos códigos de comunicación determinan la manera no sólo en la que pensamos, sino también cómo somos percibidos por el resto. En palabras de Bordieu, se crea con el lenguaje un mercado lingüístico en el que ciertas formas de hablar son bien valoradas y otras despreciadas y estigmatizadas. Así, si una persona quiere sentirse aceptada debe adaptar su forma de hablar a aquella considerada correcta o normativa.

Cabe preguntarse qué ocurre entonces cuando existen términos que, sin ser incorrectos, se consideran inadecuados. Ciertas expresiones, que, tras la determinación de la RAE de su inadecuación, y tras el paso del tiempo, acaban siendo considerados como palabros poco deseables. Ahí, en ese mismo momento, estamos viendo delante de nuestros ojos el control del idioma y de nuestra forma de pensar.

Si bien pudiese encontrarse justificada la desaparición de ciertas expresiones ofensivas, el peligro es evidente. Si ciertos reformistas bienpensantes se ven en la intención de construir «neolenguas», nunca habrá mejor manera que dominando aquellas entidades que determinan cómo hablamos.

Aunque pueda parecer lo contrario, todo el mundo acaba apegándose a la norma, tratando de hablar de una forma considerada socialmente como correcta. Si no se debe decir «almóndiga», aunque su uso sea común, todos trataremos, si queremos ser aceptados en sociedad, de decir «albóndiga», RAE dixit. Lo mismo puede aplicarse a casi cualquier otro concepto imaginable.

Y es que la RAE, pretende hacer honor a su lema, limpiando –dotando a los conceptos de prestigio–, fijando –asentando como norma– y dar esplendor –elevando al lenguaje culto y adecuado–. Si de verdad queremos vigilar nuestro idioma y nuestra cultura, debemos mirar también quien ocupa los asientos de las instituciones que nos dicen cómo hablar. Tengamos cuidado.