117 horas de retraso en los AVE por los agujeros en la seguridad

El robo de unos pocos cientos de metros de cable de cobre el pasado domingo en Toledo –y un incidente todavía por aclarar en una catenaria en La Sagra– pusieron el domingo patas arriba la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Casi 16.000 viajeros se vieron afectados por una incidencia que el Gobierno, con el ministro de Transportes, Óscar Puente; a la cabeza se empeñan en señalar como un sabotaje pero que fuentes del sector y de las Fuerzas de Seguridad encuadran en simples robos con fuerza a pesar de los evidentes y fuertes daños que ocasionan a la operativa ferroviaria.

Solo el pasado ejercicio, la quincena de robos de este tipo registrados en las líneas de alta velocidad provocaron retrasos de 7.000 minutos –casi 117 horas– en la operativa de estos servicios de Renfe, según detallan fuentes del sector.

A pesar de que el administrador de la infraestructura, Adif, ha incrementado su presupuesto para vigilancia y seguridad en los últimos años, no ha logrado rellenar las lagunas de seguridad que permiten estos robos. Entre otros motivos, porque la red también ha crecido. Entre 2019 y 2022, Adif destinó una media de 60 millones de euros anuales a seguridad, cantidad que elevó a 70 millones en el periodo 2022-2025 y que ahora ha incrementado hasta los 78 millones de cara al próximo contrato trienal a partir de 2026. Pero igual que han crecido estos fondos, lo han hecho los kilómetros a vigilar. La red total de ferrocarril española cuenta con unos 15.600 kilómetros. En el caso específico de la alta velocidad, ha pasado de algo más de 2.492 kilómetros al inicio de 2019 a algo más de 4.000 con las últimas inauguraciones. Esto significa que mientras la inversión anual en seguridad ha subido un 16% entre 2019 y 2025, los kilómetros a vigilar de alta velocidad se han disparado un 60%, casi cuatro veces más.

Medios insuficientes

Los dispositivos electrónicos como cámaras o sensores, así como las patrullas privadas de Adif, no son suficientes para proteger una malla, la de alta velocidad, que está también vallada. Y las Fuerzas de Seguridad del Estado «ni tienen recursos suficientes ni en ocasiones quieren dedicarlos» a estas tareas, como explica una fuente con una dilatada experiencia en el sector ferroviario.

Tras el colapso del pasado domingo, Puente, que ha admitido que asegurar la seguridad en toda la red ferroviaria «es muy difícil», anunció que está valorando con las Fuerzas de Seguridad cómo reforzar la seguridad para que no se repitan estos episodios.

Entre las soluciones que se estarían barajando estaría la de aumentar el número de cámaras que hay en las líneas de alta velocidad, aunque como afirman fuentes del sector, abarcar los 4.000 kilómetros que tiene resulta más que complicado.

El experto con larga experiencia en el sector asegura que habría que valorar, entre otras medidas, hacer algún tipo de reforma del Código Penal para que las sustracciones de cable no quedasen en un mero robo con fuerza y las penas reflejasen de algún modo el enorme daño que provocan este tipo de acciones como la del domingo, que está siendo investigada por la Guardia Civil para dilucidar si, como sostuvo el ministro de Transportes en un primer momento, se trató de un sabotaje.

Ayer, y transcurridas unas horas desde lo ocurrido, los focos no están ya sólo puestos en esta hipótesis y como dijo la ministra Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros de ayer, ya no se descarta ninguna hipótesis.

Fuentes de Moncloa explicaron a Europa Press que en un primer momento no pretendieron trasladar una sensación de preocupación a la sociedad al utilizar el término sabotaje para definir lo que ocurrió en las líneas del alta velocidad andaluzas e hicieron caso de la información que trasladaron los técnicos de Adif en un primer momento.

Estos técnicos informaron de que el incidente no parecía el método habitual de robo de cable sino que se produjo de un modo más sofisticado, en un lugar donde no podían ser detectados por la ausencia de cámaras y cortando los cables precisos.

Todo esto unido, al escaso valor económico del material robado y a la fecha del incidente -en plena vuelta de un puente largo que aumentó la incidencia en los viajeros- hizo que el Ejecutivo se decantase por hablar de «sabotaje» aunque ahora rebajan esa teoría, toda vez que la Guardia Civil se inclina por pensar que se trató de un robo de cable común.

De hecho, Puente dejó ayer a un lado esta palabra y señaló que los importantes retrasos del domingo fueron causados por el «acto vandálico» del robo de cables en la vía, que provocó la disrupción del servicio. En cualquier caso, Puente se niega a abandonar del todo su tesis del sabotaje y resaltó que lo ocurrido no es un robo de un cable de una farola. Quien lo hizo sabía perfectamente las consecuencias que iba a tener para los viajeros de la línea Madrid-Sevilla y, por tanto, «directa o indirectamente, este es un acto de sabotaje», dijo.

Puente negó que la falta de inversión en infraestructuras tuviese algo que ver con lo sucedido este domingo. Precisamente, como recordó el ministro, en la línea Madrid-Sevilla se ha concluido hace muy poco la renovación completa de la vía por más de 700 millones de euros.