Las regiones del PP exigen por carta a Hacienda autonomía para bajar los impuestos

Los consejeros de Hacienda de las cinco regiones gobernadas por el PP (Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, además de la ciudad autónoma de Ceuta) han mandado una carta a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le exigen a la ministra socialista que respete su autonomía fiscal para mantener los impuestos bajos. La urgen además a que convoque de manera el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de “resolver todas las cuestiones relativas a la financiación autonómica que siguen pendientes”. Recuerdan que esta reunión, en la que el Ministerio se ve las caras con los representantes de Hacienda de las autonomías, no se ha celebrado desde agosto de 2018. Se incumple así el reglamento, que establece que “habrá de reunirse, como mínimo, dos veces al año”.

Así se lo han comunicado a Montero, después de que estos dirigentes se reunieran el pasado viernes en Madrid para pactar una estrategia ante el acoso de Hacienda a las regiones “populares” y poner en común sus preocupaciones tras la formación del nuevo Gobierno de coalición socialcomunista de PSOE y Podemos. En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, le trasladan en cualquier caso su “firme disposición a colaborar de manera leal” con el Ministerio en un marco de “diálogo multilateral” con todas las autonomías, “entendiendo que las reuniones bilaterales con algunas no facilitan el espíritu de cohesión territorial”. Confiando en su “respuesta favorable” para restaurar así “el normal diálogo y colaboración” que exige el correcto funcionamiento de las instituciones y el respeto a los ciudadanos, le exponen también aquellos puntos que creen que deben ser tratados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En primer lugar piden una reforme del actual sistema de financiación autonómica que garantice “la solidaridad interterritorial y la equidad” pero también “la corresponsabilidad fiscal, la suficiencia dinámica y la sostenibilidad financiera necesarias para prestar los servicios que son competencia” de las regiones. Consideran que “el modelo debe simplificarse y ser transparente en su negociación y ejecución posterior, al tiempo que ha de corregir los problemas de infrafinanciación que sufren las comunidades y ciudades autónomas”.

En un segundo punto exigen "respeto a las políticas presupuestarias fiscales, que en uso de la capacidad derivada de la normativa constitucional, aplica cada comunidad, la cual está permitiendo a las suyas “bajar los impuestos a los ciudadanos”. También exigen la devolución “inmediata” de la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017, por una cuantía próxima a los 2.500 millones de euros. “Su injustificable retraso está causando un grave menoscabo a las arcas autonómicas y, por tanto, a os servicios públicos que atienden las necesidades de los ciudadanos”, han reclamado en la carta, fechada este lunes. Asimismo, reclaman una explicación detallada y, en su caso, corrección del “inédito” recorte que, “de forma unilateral”, aplicó el Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta de 2019, cuya modificación ha supuesto “un quebranto por valor de 120,75 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común”.

En este sentido, han solicitado comunicación de las entregas a cuenta correspondientes a 2020 para garantizar la ejecución de nuestros presupuestos o poder elaborarlos sobre una base fidedigna de ingresos, ya que consideran que “las cantidades comunicadas depende, en gran medida, la financiación de los servicios públicos que gestionan las comunidades”. Por último, en relación con la fijación de las condiciones aplicables a las operaciones de crédito que el Estado concierte con cada una de las autonomías por la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica durante 2020, es necesario que este proceso se desarrolle con “claridad y certidumbre”, sobre la base de un trabajo “franco y fluido”.