El Gobierno estudia compensar al campo por la subida del SMI

Las protestas de los agricultores intentaron ser la voz de la conciencia del Gobierno. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negó la existencia de «ningún dato» que confirmase posibles efectos negativos de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el campo español. «Se está viviendo un proceso de transformación. Es un problema estructural que no se ve afectado por el SMI», aseguró. La rotundidad de su afirmación comienza a hacer aguas justo un día antes que el alza salarial a 950 euros sea aprobada por el Consejo de Ministros. El Gobierno pasa del «no» al «es posible». Según reconoció el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en Canal Sur, la subida del SMI «condiciona» la actividad agraria y abre la puerta a la adopción de medidas complementarias de bonificación o incentivo tras analizar las consecuencias del alza de los costes laborales.

«Nuestras protestas dan su primer fruto», celebraron las asociaciones agrícolas después de que Planas anunciase la creación de una mesa de diálogo que se puso en marcha ayer. Los intereses de los «agricultores y ganaderos al límite» fueron defendidos por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.

El maltratado sector agrícola español expresó sus peticiones durante la primera manifestación de la semana, que tuvo lugar en Santander, previa al encuentro con el ministro de Agricultura. Durante la concentración , las organizaciones volvieron a subrayar la «grave crisis» que están generando los bajos precios en origen de los productos. Este problema viene de lejos. Desde hace más de 30 años siguen percibiendo el mismo precio por un kilo de fruta o verdura, alrededor de 31 o 32 céntimos, un precio que no se ha revalorizado, mientras que los gastos de electricidad, gasóleo, agua e IBI municipal continúan en imparable ascenso. Así, «el pequeño margen» de los productores «cada vez se está estrechando más», reivindicó el presidente Asaja en Cantabria, Enrique Ortiz. En su opinión, este desajuste es malo, tanto para los productores como para el consumidor, que al acudir a grandes distribuidoras se encuentra con precios hasta un 600% más elevados. La solución pasa por dialogar con la gran distribución y optar por el producto de cercanía. Conseguir unos precios justos es el «caballo de batalla» del campo español, afirmó. No obstante, la imposibilidad de fijar los precios hace que, compensar el aumento del 30% de los costes de mano de obra en apenas un año, sea inviable. A la baja rentabilidad se le suma la rebaja de las ayudas de la PAC. «Si nos quitan estas ayudas, desaparecen el 90% de las explotaciones que hay ahora mismo en España», denuncia Monste González Herrojo, directora técnica de Apag Extremadura. Otra traba más para los pocos jóvenes que deciden apostar por la tradición agrícola.

Pese al paso atrás dado por el Gobierno, Planas afirmó que la subida del SMI tiene un «aval muy fuerte» por parte de la CEOE, CC OO y UGT. «Nuestros agricultores y ganaderos tienen razón, se merecen este apoyo», insistió el ministro, «un apoyo en línea con lo que está sucediendo en Francia y Alemania, donde se están planteando problemáticas muy similares», apostilló. La locomotora alemana volvió a dar ejemplo llegando a amenazar con sanciones a las cadenas de supermercados que vendan los productos por debajo de su precio. Ante las protestas del sector agrícola, el Gobierno alemán ya se ha comprometido a buscar soluciones y ha aprobado ayudas de hasta 1.000 millones de euros.