Apple pagará 25 millones en Francia por fraude comercial

Apple tendrá que cargar con la mayor multa impuesta en Francia en el terreno de derechos de los consumidores. La compañía de la manzana ha aceptado pagar 25 millones de euros para evitar un proceso judicial después de que los servicios antifraude franceses constataran que existieron carencias en las actualizaciones del sistema de explotación de los teléfonos iPhone, que en muchos casos acarrearon la ralentización en su uso. Además de hacer frente a la multa, la compañía deberá colgar en su página web durante un mes un comunicado con la resolución de la la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude de Francia. En caso de haberse sentado en el banquillo, extremo que evitará con el cumplimiento de la multa, el grupo estadounidense se hubiera expuesto, de ser condenado, a una multa que podría haber llegado al 10 % de su facturación anual en Francia.

Fue la Fiscalía de París quien inició todo este procedimiento que se remonta a enero de 2018 basándose en la denuncia que presentó una asociación de usuarios que lucha contra la obsolescencia programada y que recogía las quejas de miles de usuarios de los modelos de iPhone 6, SE y 7. Los propietarios de los dispositivos constataban que estos iban más lentos después de la actualización. Ante la imposibilidad de volver a la versión precedente del sistema de explotación muchos de los usuarios se vieron obligados a cambiar de batería o, incluso, a comprar un teléfono nuevo. Aunque en principio la denuncia se centraba en la cuestión de la obsolescencia programada, los investigadores descartaron ese cargo durante sus pesquisas para orientar su denuncia hacia la falta de información que dicha actualización acarreaba. El organismo francés acabó concluyendo, tras dicha investigación, que las lagunas en la información que dio la multinacional estadounidense sobre la actualización del sistema iOS (en las versiones 10.2.1 y 11.2) constituyeron “una práctica comercial engañosa por omisión”.

“Es una gran victoria contra este tipo de prácticas escandalosas, tanto para el consumidor como para el medioambiente” han reaccionado en un comunicado los dos cofundadores de la asociación Alto a la obsolescencia programada, Laetitia Vasseur y Samuel Sauvage, que se apoyaron en los testimonios de 15.000 personas para lanzar su denuncia. Sin embargo, la asociación lamenta que no se haya castigado sólo se haya castigado a Apple por engaño comercial por omisión y no por mantener una política empresarial de programar deliberadamente la caducidad de sus productos tecnológicos en prejuicio de los usuarios.

Y puede que el caso no esté finiquitado porque el acuerdo transaccional con el servicio antifraude francés no cierra a los consumidores la posibilidad de demandar a Apple por lo civil para reclamar indemnizaciones. El grupo de la manzana reaccionó con un comunicado en el que insistió en que su objetivo “ha sido siempre crear productos seguros apreciados por los clientes, y una parte importante de eso es hacer que los iPhone duren tanto como sea posible”