El Gobierno cede y anuncia que estudia ayudas al alquiler por el coronavirus

Y el Gobierno cedió. Después de resistirse con uñas y dientes a ofrecer cualquier tipo de ayuda a los inquilinos de alquiler más desprotegidos afectados por el coronavirus, el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y está analizando la forma de facilitar ayudas a quienes tengan problemas para afrontar el pago del arrendamiento de sus viviendas. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien ha reconocido que no dará tiempo a llevar las medidas a la reunión del Consejo de Ministros de mañana martes, pero confían en aprobarlas en el de la próxima semana. “Estamos estudiando cómo ayudar a las personas que se encuentran con dificultades para pagar el alquiler y debatiendo las alternativas”, ha indicado el ministro en rueda de prensa. “El Ministerio de Transportes ha hecho una propuesta con distintas opciones que se están debatiendo”, ha avanzado durante la tarde de hoy.

La propuesta gubernamental llega después de que distintos gobiernos regionales, como el valenciano o el catalán; ayuntamientos como el de Madrid o sociedades privadas como Lazora o Arrenta hayan adoptado ya medidas de apoyo al alquiler. La última en hacerlo hoy ha sido la Asociación Española de la Banca (AEB), que ha anunciado que los bancos ofrecerán un aplazamiento del pago de hasta tres meses del alquiler social a aquellas familias que habiten en una casa acogida al Fondo Social de Vivienda (FSV) y se hayan visto afectadas por el COVID-19. Este fondo fue creado en 2013 y cuenta con más de 10.000 viviendas en toda España, propiedad de las entidades de crédito. Sólo unas horas antes, CaixaBank también había dado el paso de no girar el recibo a aquellos inquilinos que puedan demostrar que han perdido su trabajo o han tenido una caída del 40% de su actividad empresarial.

División en el Gobierno

El ministro “felicitó y reconoció” las iniciativas sobre moratoria de pagos del alquiler de vivienda que en los últimos días han lanzado empresas del sector y bancos. “Me parece un muy positivo ejercicio de responsabilidad social, de solidaridad y de lealtad de estas entidades con sus clientes e inquilinos”, ha destacado Ábalos.

Con el cambio de postura, la posición defendido por el vicepresidente Pablo Iglesias ha prevalecido dentro del Ejecutivo por encima de la que abanderaba la también vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Mientras que el líder de Unidas Podemos siempre ha sido partidario de “no dejar a nadie atrás", como él mismo ha dicho públicamente, Calviño andaba más preocupada por los datos macroeconómicos. A la ministra le preocupa desbocar la deuda y el déficit con una catarata de ayudas públicas entre las que se incluyesen las del alquiler. Además, Calviño ha asegurado que, al ser España un país en el que la gran mayoría (95%) de los pisos en alquiler son propiedad de personas físicas, no tenía muy claro si ayudando al inquilino no se estaba perjudicando al casero. Por este motivo, ha abogado porque las partes encontrasen soluciones particulares a los problemas.