El Gobierno confirma la moratoria tributaria de un mes para pymes y autónomos

El Gobierno ha apurado al máximo, apenas un día antes de la fecha tope, pero finalmente pymes y autónomos podrán acogerse al aplazamiento de los plazos de presentación y del pago de impuestos y obligaciones tributarias. Lo ha hecho en el Consejo de Ministros semanal. Ha sido la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la que ha dado cuenta de las medidas aprobadas, que suponen que los impuestos y autoliquidaciones que tenían que presentarse entre el día 15 -por domiciliación- y el 20 de este mes -por presentación directa- se demorarán hasta el 20 de mayo, como solución transitoria a los problemas surgidos por los efectos de la crisis sanitaria, “y en respuesta a las demandas que pymes y autónomos han trasladado al Gobierno”, dijo Montero. Estarán incluidos todos los que tengan una facturación menor de 600.000 euros, una medida que afectará a 3,4 millones de pymes y autónomos, el 95% del total de contribuyentes con facturación. Montero cuantificó que el impacto de esta medida será de 3.558 millones de euros, que mantendrá la liquidez en las cuentas de estas empresas y trabajadores por cuenta propia.

El próximo 20 de abril vencía el plazo para presentar las declaraciones trimestrales, las que corresponden a la liquidación del IVA del primer trimestre, los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de Sociedades, que ahora han sido retrasados un mes. Responde así el Ejecutivo a todos aquellos que habían mostrado su incapacidad para poder justificar sus cuentas -facturas y libros contables- por su tipo de negocio o por las circunstancias derivadas del estado de alarma. Estas nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis meses aprobada ya el pasado mes de marzo, que permitía el aplazamiento de hasta 30.000 euros para pymes y autónomos durante los tres primeros sin intereses, y a la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales del mes pasado. En el caso de las empresas que ya habían realizado la domiciliación, Montero aclaró que también gozarán de esta moratoria y no se realizará ningún cargo durante los próximos 30 días. “Para estos casos, el plazo se amplía hasta el 15 de mayo, y al margen de la fecha de presentación todos los cargos se realizarán el 20 de mayo, incluidas las declaraciones presentadas antes del 15 de abril".

No parece que estas nuevas medidas hayan convencido a los autónomos. Al menos a los que representa ATA, la asociación mayoritaria. Su presidente, Lorenzo Amor, ha vuelto a reclamar al Gobierno que culmine su apoyo a este colectivo con medidas como “el aplazamiento indefinido de las presentaciones de tributarias, la eliminación de la cuota de autónomos de abril y que se rebaje del 75% de pérdidas en la facturación al 40% para poder pedir las prestaciones por cese de actividad”. Entiende Amor que lo aprobado en el Consejo llega “demasiado tarde y vuelve a demostrar la improvisación con la actúa este Gobierno”, ya que aplazarlo un mes “no soluciona el problema, solo lo retrasa, porque los impuestos y las cuotas tendrán que pagarlos igual, y nadie asegura que el 20 de mayo hayan recuperado la actividad o si habrá sectores que sigan confinados, o que sigan sin ingresos o con los ingresos muy mermados”.

Queda pendiente para el próximo Consejo de Ministros que autónomos y pymes puedan renunciar al sistema de módulos y tributar por el de estimación directa, además de la modificación parcial de algún aspecto relacionado con el Impuesto de Sociedades. También tendrá que esperar la posibilidad de prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor en determinados sectores y las nuevas medidas en los ERTE productivos, como han reclamado con insistencia muchos sectores que solo ven esa salida para poder mantener los empleos y no comenzar con los despidos ante la gran pérdida de ingresos.

Montero aprovechó una de las preguntas realizadas por los periodistas para confirmar que no habrá una renta mínima puente, como pretendía el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para los colectivos más vulnerables afectados por la crisis sanitaria. Quiso cortar de este modo de raíz cualquier duda sobre este asunto, que había provocado mucha tensión entre el ministro José Luis Escrivá y el propio Iglesias. Montero dejó zanjada la polémica. “Este es un compromiso del Gobierno en su acuerdo programático y se llevará a cabo cuanto antes, durante los próximos meses. Seguridad Social lleva trabajando en ello mucho tiempo y ha avanzado mucho, y cuando esté lista esta prestación se aprobará. No es una medida que se pueda improvisar”, sentenció.

La portavoz del Gobierno también aportó los últimos datos aportados por la Seguridad Social, que ha confirmado la autorización 941.000 solicitudes para cobrar la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos o bien por el descenso de su facturación del 75%. De ellas, casi 780.000 han recibido ya la conformidad y podrán recibirla el próximo viernes. Montero ha concretado que se se han concedido casi el 98% de las solicitudes tramitadas y que al aplazamiento de cuotas se han acogido un total de 64.676 empresas, afectando a más de 807.000 trabajadores, de ellos, 28.619 autónomos. En cuanto a la medida ya aprobada de que la baja por enfermedad se asimile como accidente de trabajo, anunció que se han beneficiado 368.048 trabajadores. Además, Montero ha apuntado que 396.000 autónomos y empresas han quedado exonerados de abonar cotizaciones sociales de empleados afectados por expedientes de regulación temporal. “Todas estas medidas están resultando operativas y satisfactorias para muchas empresas”, dijo.

Respecto a una posible fecha para la presentación de los Presupuestos de este año, Montero señaló que el Gobierno que están “bastante avanzados”, aunque ahora tendrán que basarse en unas "previsiones macroeconómicas radicalmente distintas”. En ese sentido, ha señalado que es “pronto” para tener datos sólidos sobre previsiones de impacto de la crisis que permitan elaborar el presupuesto, aunque la “voluntad” del Ejecutivo es presentarlos “en tiempo y forma” y lograr una “mayoría reforzada” en las Cortes “en consonancia con la excepcionalidad” del momento. La normativa establece que la senda de estabilidad tiene que aprobarse antes de final de julio y el Gobierno tiene que llevar a las Cortes el presupuesto del año siguiente antes del final de septiembre.

La ministra de Hacienda también ha recordado que las comunidades autónomas y las entidades locales han recibido unas transferencias de la Administración superiores a lo que les correspondería en el actual contexto de caída de ingresos, dado que las entregas a cuenta se calcularon con una previsión de crecimiento para este año del 1,6% y que, como consecuencia del coronavirus, se tendrían que haber actualizado a la baja y, sin embargo, “se han mantenido igual”.