El Gobierno prohibirá por ley las amnistías fiscales y ampliará la lista de morosos

Rebajará el umbral del listado de defraudadores a 600.000 euros. Hacienda pretende recaudar 800 millones extra

Punto y final al fraude fiscal. Ese es el objetivo que se ha marcado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para esta legislatura. Y el primer paso lo ha dado hoy el Consejo de Ministros al dar luz verde al anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal. Montero esbozó las líneas principales de esta nueva legislación, entre las que destacan la prohibición por ley de las amnistías fiscales, además de ampliar la lista de deudores con la Agencia Tributaria. Hacienda rebajará el umbral a 600.000 euros -desde el millón actual- para que cualquier persona física o empresa que tenga una deuda superior a esa cantidad sea incluida en ese listado, y además se hará extensible a los responsables solidarios de dicha deuda.

Inquirió la ministra en que con esta nueva norma no se volverá “a perdonar a los incumplidores” a través de regularizaciones de las que “habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes”. Lo que no quiso fue entrar en un enfrentamiento con su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, cuando fue preguntada sobre la amnistía que el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó en 2012, e insistió en que nunca se publicaron los nombres de los beneficiarios, pese a que fue una promesa electoral de los socialistas, porque la ley lo impide.

Este anteproyecto también contempla el proyecto de ley prohibir los softwares de doble uso que las grandes compañías utilizan para hacer una doble contabilidad; elevar al máximo el control sobre las criptomonedas y actualizar la lista de paraísos fiscales. Asimismo, limitará el pago en efectivo, que bajará de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre empresas y profesionales -los particulares quedan al margen-, y la ministra advirtió de que esa cantidad seguirá disminuyendo hasta quedarse en la "mínima expresión” para poder tener la “trazabilidad de todas las operaciones”.

Respecto al control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, los contribuyentes estarán obligados a informar de los saldos y los titulares de las cuentas en esta divisa, ya sea en el territorio nacional como en el exterior. También se ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad tributaria y transparencia, y se actualizará la lista de paraísos para incluir territorios con baja o nula tributación, que se incorporarían como “jurisdicciones no cooperantes”. A su vez, se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.

Montero explicó que se ha dado un paso más en la lucha contra los defraudadores aprovechando la transposición de una directiva europea. El pasado 5 de junio, Bruselas aprobó una directiva que obliga a informar a las agencias tributarias de cada país sobre la existencia de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. De este modo, las administraciones tributarias de la UE podrán intercambiarse información de forma automática para atajar la elusión fiscal de sus contribuyentes.

La ministra destacó que “la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad” para el Ejecutivo porque “no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades”, generando “competencia desleal” y “un deterioro” para las arcas públicas que, según añadió, es más grave en estos momentos de pandemia. Según la ministra, este proyecto de ley busca intensificar la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha contra la elusión fiscal. Según apuntó, la previsión es que las medidas incluidas en este proyecto de ley permitirían ingresar 800 millones de euros adicionales en un año.

La norma, que ha superado todos los tramites consultivos, ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a celebrar elecciones anticipadas impidió su tramitación parlamentaria.