La sombra de la intervención de los alquileres planea sobre los Presupuestos

Podemos tratará de introducir en las cuentas una regulación de los precios que el sector rechaza y que ha fracasado en otros países

Pablo Iglesias va a tratar de aprovechar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene para introducir una de las medidas estrella de su programa: la intervención de los precios del alquiler. Según han reconocido esta semana desde el Sindicato de Inquilinos, con el que el vicepresidente del Gobierno mantuvo una reunión, Iglesias “tratará de negociar” en el seno del Ejecutivo esta cuestión para introducirla en las próximas cuentas públicas.

La limitación de los precios de los arrendamientos fue uno de los puntos acordados el pasado año entre el PSOE y Podemos para que la formación morada respaldase la investidura como presidente del Gobierno. Y aunque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dado pasos para hacerlo, también se ha encargado de enfriar las expectativas de los podemitas a corto plazo. El pasado mes de junio, José Luis Ábalos presentó el índice de referencia para los precios de alquiler, que debe servir de base para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan limitar las subidas de los alquileres en aquellas zonas que consideren tensionadas. Pero tras la presentación, fuentes de Transportes aseguraron respecto a limitar de forma inmediata los precios que “el mercado está cambiando y hay que ver qué está sucediendo antes de tomar decisiones”. Las fuentes también recordaron que el compromiso que tienen al respecto con Unidas Podemos es “de legislatura” y que “cualquier cambio debe ser consensuado con los agentes políticos y sociales”, lo que augura que los deseos de Iglesias van a encontrar resistencia por parte de los socialistas.

A pesar de las posibles dificultades, el Sindicato de Inquilinos de Madrid se mostró optimista tras su reunión con Iglesias y aseguró que la cartera de Derechos Sociales les ha comunicado que ya se está trabajando en un borrador de una ley que incluya, entre otras cuestiones, un límite a los precios de los alquileres y la fórmula legal de cómo se va a materializar.

Precedentes nefastos

Desde el sector, no quieren sin embargo ni oír hablar de cualquier iniciativa para limitar precios similar a la que ha aprobado recientemente Barcelona. Argumentan que las experiencias internacionales al respecto han sido muy negativas y ponen como ejemplo Alemania. El pasado 31 de enero, el Parlamento berlinés aprobó congelar los alquileres durante cinco años y establecer, además, un tope al precio de la vivienda de arrendamiento de 9,80 euros por metro cuadrado para inmuebles listos para ser habitados antes de 2014. La medida ha tenido un efecto demoledor sobre la oferta. Según un análisis realizado por el portal inmobiliario Immoscout24 para la publicación “Wirtschaftswoche”, la oferta de vivienda en alquiler en la capital alemana se ha desplomado un 25% en el último año.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Fernando Bardera, aseguró sin embargo a Efe que los argumentos del sector son “un mantra de las agentes económicos del ladrillo” y añadió que “no se puede proteger a los grandes tenedores que se benefician de las rentas mientras la gente está en la calle”. La realidad, sin embargo, es que estos grandes tenedores no tienen un peso tan relevante como para condicionar los precios. Según el Banco de España, las socimi, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario a través de las que invierten muchos de estos fondos, controlan una parte residual del mercado del alquiler español. El su informe “Evolución reciente de las socimis en España”, el regulador a finales de 2019 un 82% de la cartera de las socimi españolas estaba invertido en hoteles, oficinas, locales, centros comerciales y centros logísticos. En cambio, la inversión de estas sociedades en viviendas solo representaba el 11,2% de sus activos, esto es, 5.800 millones de euros de un total de 46.000 millones de euros. Esta inversión únicamente suponía el 0,1% del parque estimado de viviendas propiedad de las familias y alrededor del 1% del stock de viviendas principales en régimen de alquiler