Opinión

Un ataque comunista a la propiedad privada

La ley antidesahucios puede suponer un incentivo a que se incremente la invasión de casas

El equipo de Gobierno en Les Corts han pedido reunirse con la delegada del Gobierno, para que les explique una actuación policial que califican de irregular
El equipo de Gobierno en Les Corts han pedido reunirse con la delegada del Gobierno, para que les explique una actuación policial que califican de irregularBiel AliñoEFE

El Gobierno ha aprobado el decreto con el que supuestamente pretende proteger a familias vulnerables mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta mayo de momento, si es que no lo prorrogan todavía más. Unido a ello, va también la prohibición de realizar cortes de suministros básicos. Todo esto ha sido impulsado por el ala podemita del Gobierno, dentro de lo que supone una línea netamente comunista de ataque a la propiedad privada, a la que Sánchez ha cedido para seguir gobernando en coalición y tratar de asegurarse su puesto hasta el final de la legislatura ahora que vivimos en una heterodoxia presupuestaria, en la que se insinúa que un Presupuesto sirve para tres años y nadie dice nada.

Es, como digo, una medida comunista, que atenta directamente contra la propiedad privada, pues por mucho que se hable de «grandes tenedores», no son más que inversores que, en muchos casos, tratan de sacar la mejor rentabilidad a sus inversiones porque sus clientes así se lo demandan, ya que detrás, por ejemplo, está la revalorización de muchos fondos de pensiones, que obtienen para sus partícipes los réditos de una buena estrategia de inversión y diversificación. Por tanto, con esta medida no sólo se perjudica a esos grandes fondos, que ya estaría mal, pues arriesgan su dinero al invertirlo y se les expropia, aunque sea temporalmente, la capacidad de decidir sobre su inversión, sino que también se perjudica a cualquier ahorrador, aunque sea de manera indirecta.

Paralelamente, esta medida puede suponer un incentivo a que se incremente la invasión de casas, la ocupación de viviendas particulares, donde si ya de por sí es difícil echar a los llamados «okupas», ahora no sólo será difícil, sino que se tornará en casi imposible. Se habla de compensaciones a los arrendadores, pero por mucho que se compense, el ataque está realizado y queda abierto un camino incierto, por el que, a cada paso de este Gobierno, queda más en entredicho la validez de la propiedad privada.

Son ya muchos pasos equivocados, muchos impulsos dados en la mala dirección. Primero, en lugar de hacer reformas, quieren anestesiar a la población con pagas que ni siquiera saben gestionar; después, prometen subir de nuevo el salario mínimo –aunque esto haya desatado una pequeña guerra en el seno del Ejecutivo– cuando las empresas no saben si van a poder sobrevivir al día siguiente, en medio de tanta restricción cambiante y crecientes seguridad e incertidumbre; y ahora, dan una nueva vuelta de tuerca contra la propiedad privada. Con todo esto, ¿quién va a querer invertir en España? Qué horror.