Los interlocutores sociales y el Gobierno está a un paso de cerrar un pacto para la prórroga de los Ertes hasta el próximo día 31 de mayo, días después de que concluya el próximo 9 de mayo el estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Sánchez para vencer a la pandemia del coronavirus. Después de dos horas de un encuentro entre los equipos técnicos de las diferentes partes, la reunión, la segunda tras la celebrada el viernes pasado, ha terminado sin acuerdo a la espera de cerrar “unos pequeños” flecos que previamente desean estudiar las organizaciones sindicales y la patronal. Pese a ello, tanto sindicatos como el Ejecutivo han destacado los avances conseguidos como positivos.

De hecho, fuentes del Ministerio de Seguridad Social han calificado de “positiva la reunión con los agentes sociales, con el mismo clima de entendimiento que el viernes pasado”. Por eso, las tres partes han quedado emplazadas para volverse a reunir este próximo jueves a las 16.30 horas de la tarde. “Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alabamos el esfuerzo por el consenso y confiamos en que se cierren pronto los flecos pendientes. Esperamos que los Erte se puedan renovar con suficiente antelación para reducir la incertidumbre”, aseguran estas fuentes.

En este sentido, Marí Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, ha utilizado la red twitter para valorar el encuentro, al término del mismo. “Hacemos una valoración positiva de la reunión sobre la prórroga de los Erte. A la espera del jueves para cerrar algunos detalles, creemos que es posible llegar a un acuerdo satisfactorio para trabajadores/as y empresas que permita seguir protegiendo el empleo durante la pandemia”. Mientras, UGT y CEOE han preferido no opinar.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido haces semanas que la prórroga de los Erte dure por lo menos hasta junio y que se permita a las empresas ajustar plantillas sin tener que devolver las exenciones correspondientes a todos los trabajadores del Erte, sino sólo las correspondientes al trabajador que se despida. Actualmente, las empresas acogidas a un Erte están obligadas a mantener el empleo durante los seis meses posteriores al reinicio de su actividad. Si incumplen este compromiso deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores del Erte y no sólo por los que sean despedidos. Lo que plantea Garamendi es que sólo tengan que devolverse las ayudas del trabajador que sea despedido. Esta idea no cuenta con el beneplácito de los sindicatos, que piden que se mantenga el actual compromiso de empleo.

J