El Gobierno no propone a Bruselas ampliar a 35 años el cálculo de la pensión

La ministra portavoz del Gobierno ha confirmado al término del Consejo de Ministros de hoy que este lunes el Ejecutivo envió a la Comisión Europea las líneas generales de las reformas del mercado laboral y del sistema público de las pensiones. En esta última reforma, según ha confirmado María Jesús Montero, la ficha enviada por el Ejecutivo no recoge la ampliación de 25 a 35 años el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión. La ministra primero ha dado por sentado que se refería a un documento cerrado, luego a una ficha técnica y, por último, a un borrador de propuestas. “El último borrador que se ha mandado a Bruselas no lleva ningún tipo de alteración de lo que actualmente existe”, ha asegurado.

Según Montero, la ficha técnica remitida a Bruselas recoge las líneas generales de la reforma de las pensiones orientada a garantizar el sostenimiento del sistema en el medio y largo plazo. La ministra después de asegurar que es un documento, luego una ficha y luego un borrador, ha querido dejar claro que se trata de un borrador sobre el que deberá pronunciarse la CE y que tendrá que ser debatido en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos. Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, aseguran que se trata de un mero cruce de información con la Unión Europea, en el que, por supuesto, Bruselas intenta guiar al Estado miembro del que se trate a que las reformas se orienten a lo que el país en cuestión necesita para salir a flote.

En este contexto, la ministra ha explicado que ya se han remitido a Bruselas las 30 fichas o componentes que el Gobierno de coalición se ha comprometido a acometer para poder recibir los fondos europeos de reconstrucción y ha puntualizado que las dos últimas fichas, la del mercado de trabajo y la de pensiones, se remitieron ayer por la tarde. El plan “contiene los elementos generales que inspiran la reforma laboral, con todos los elementos más lesivos, incorporados en el acuerdo de investidura”. Al tratarse de líneas generales, aborda por encima sin profundizar medidas para frenar la temporalidad en el mercado de trabajo, que responden a la hoja de ruta que el Gobierno de coalición tenía desde el acuerdo de investidura.

De ahí que la ficha emitida a Bruselas sobre reforma laboral no detalle con precisión futuros cambios sobre la prevalencia de los convenios colectivos de empresas o sectoriales o sobre la ultraactividad y se limite a señalar que “se abordará en el diálogo social la ultraactividad, la relación de convenios sectoriales y de empresa,...”. El acuerdo de coalición progresista alcanzado con PSOE y Unidas Podemos para gobernar sí contemplaba derogar la reforma laboral y recuperar los derechos laborales “arrebatados por la reforma laboral de 2012” y concretamente señalaba que se derogaría “la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”