El Gobierno quiere frenar el alza de las pensiones por encima del coste de la vida

El Gobierno va a mover ficha para cumplir una recomendación del Pacto de Toledo que quizá no satisfaga a los actuales pensionistas, pero que se torna crucial para frenar el gasto en prestaciones en plena crisis. El objetivo es impedir que los pensionistas vean revalorizadas sus pensiones por encima de la evolución del coste de la vida, ganando poder adquisitivo cuando el resto de sectores y de la sociedad lo pierde.

Los pensionistas obtuvieron una revalorización del 0,9% frente a un índice de precios de consumo (IPC) del -0,5 % el pasado año, logrando una ganancia de poder adquisitivo inesperada como consecuencia del brutal impacto de la pandemia en la economía y en la evolución a la baja de los precios.

En la batería de 9 reformas enviadas por el Gobierno a Bruselas, el Ejecutivo se plantea derogar el “actualmente vigente” Índice de Revalorización de las Pensiones introducido en 2013 que garantiza una subida mínima del 0,25% anual para las pensiones mientras el sistema se encuentre en déficit.

El Gobierno considera que su aplicación supondría una pérdida de poder adquisitivo de un 37% para el pensionista medio en un periodo que no detalla y ofrece una fórmula de vinculación al IPC “que evite la necesidad de reducciones nominales en caso de IPC negativos que produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo” para las pensiones con una “moderación” de las alzas posteriores sucesivas a esos años.

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, descartó hace unos días en una entrevista reducir las pensiones si el IPC es negativo y abogó por “regularizaciones posteriores para que el objetivo de mantenimiento del poder adquisitivo se respete a lo largo del tiempo”.

“Si hay años en los que, bien se produce una caída del IPC y por tanto una ganancia de poder adquisitivo, o bien hay años en los cuales la inflación termina por debajo de la inflación esperada que ha fijado la pensión para ese año, habrá un mecanismo de compensación a lo largo del tiempo que sea sencillo y entendible”, explicó.

La Seguridad Social pretende llegar a un acuerdo “en pocas semanas” con los agentes sociales sobre la fórmula de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada. El Gobierno pretende llevar estas medidas al Congreso de los Diputados antes de la primavera.

Las últimas revalorizaciones han colocado los ingresos medios de los jubilados muy por encima de los salarios. Con las nuevas pensiones medias de jubilación un 6,17% más cuantiosas que en 2019, elevándose hasta 1.371,62 euros al mes de media, y las nuevas jubilaciones causadas en el Régimen General en 1.484,21 euros mensuales, la brecha entre los sueldos medios de los jubilados y las que reciben la mayoría de asalariados se amplía a medida que la situación de las empresas se deteriora por la pandemia.

En este sentido, baste la comparación con el salario mínimo, que ha subido, en paridad de poder de compra, un 43,1% entre 2016 y 2020, hasta los 950 euros. Pese a este aumento, la pensión media de jubilación sigue siendo un 23% superior al SMI, ya que está en los 1.170 euros, tras una subida interanual del 2,3%, según los datos facilitados ayer por la Seguridad Social.

Sobre la pensión media, en la que sí se incluirían el resto de prestaciones, tales como viudedad, incapacidad temporal, orfandad o en favor de familiares, la diferencia es menor al rebajarse la cuantía de dichas prestaciones respecto a las de jubilación. Pero aún así, la pensión media del sistema, que alcanza los 1.018 euros, sigue siendo un 7% más cuantiosa que el salario mínimo.

La brecha persistirá a tenor de los datos de las pensiones medias de jubilación de los nuevos jubilados. Y no solo respecto al SMI, un indicador que fija un suelo, sino sobre el salario medio más frecuente en España, que rondaba los 18.469 euros anuales y que a buen seguro se habrá reducido como consecuencia del desplome de la actividad económica y del PIB como consecuencia de la confusa gestión de la pandemia realizada por el Gobierno. Por su parte, las nuevas pensiones de jubilación procedentes del Régimen General cobran más de 21.000 euros anuales, un 14% más que el salario más frecuente.