El déficit público supera ya los 87.000 millones

El déficit del las administraciones públicas hasta noviembre pasado supera ya los 87.000 millones de euros, cifra equivalente al 7,82% del PIB y que multiplica por cinco el desfase registrado en el periodo de 2019, que se situó en 1,58% del PIB, según la información sobre ejecución presupuestaria publicada este viernes por el Ministerio de Hacienda. La previsión del Gobierno para el déficit de las cuentas públicas del conjunto del año pasado se sitúa en el 11,3 % del PIB, 3,48 puntos porcentuales por encima del registrado hasta noviembre pasado. Esa diferencia se debe a que no contabiliza aún los datos de las corporaciones locales. Además, el cierre definitivo del ejercicio no se conocerá hasta finales de marzo.

Según Hacienda, el incremento del déficit reflejó el impacto de la situación derivada de la covid-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas en los meses previos para atender la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, que dispararon el gasto público. En concreto, en los once primeros meses del año el déficit conjunto de las Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales y sin incluir la ayuda financiera, se situó en 87.602 millones de euros. Como es tradicional, la administración central del Estado concentró el mayor desfase, que ascendió, excluida la ayuda financiera, a 72.400 millones de euros, cifra que equivale al 6,46% del PIB. Si se incluye la ayuda a instituciones financieras, el déficit de la Administración Central se mantuvo hasta noviembre en el mismo porcentaje.

El desfase del Estado en los once primeros meses se cifró en 72.256 millones de euros, lo que equivale al 6,45% del PIB. Si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario), la cifra se redujo hasta el 4,63% del PIB. Esta evolución se debió al descenso de los ingresos en un 12,7%, hasta los 162.429 millones, así como al aumento de los gastos en un 19,2%, hasta los 234.685 millones, correspondiendo casi el 87% del incremento registrado a gastos relacionados con la emergencia sanitaria. De hecho, los aumentos de gasto más destacados correspondieron a transferencias a la Seguridad Social y a las autonomías para garantizar los recursos suficientes en la lucha contra la pandemia.

Los Organismos de la Administración Central registraron un déficit de 144 millones, excluida la ayuda financiera, un 72,6% inferior al registrado en 2019. Esta evolución fue consecuencia de un incremento del 1,4% de los ingresos, fundamentalmente por las transferencias recibidas del Estado, y de una disminución de los gastos del 0,6% por la caída de las transferencias a otras administraciones públicas. Mientras, las autonomías registraron un superávit de 3.223 millones, lo que representa el 0,29% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB de hace un año. Esta evolución positiva, en sintonía con meses previos, se debió a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos económicos necesarios a las comunidades y que pudieran, así, atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la pandemia.

Los ingresos crecieron hasta noviembre un 8,5%. En esta evolución destacó el incremento del 14,5% que registraron las transferencias recibidas de otras administraciones públicas por los mayores recursos percibidos del Estado, así como el aumento del 4,2% de los recursos impositivos, sobre todo, los de la renta y del patrimonio, que subieron el 13,7%. Este alza se explicó, fundamentalmente, por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica. Mientras, los Impuestos sobre la producción y las importaciones descendieron un 22,6%, en línea con la caída registrada en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

En el capítulo del gasto no financiero, que aumentó un 4,6%, los consumos intermedios crecieron un 9,4%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de los empleados públicos se incrementó un 5,7% por la subida retributiva general y por el impacto de la evolución de la crisis sanitaria hasta noviembre. Por su parte, las transferencias sociales en especie se incrementaron el 2,9%, destacando el alza del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia. Las subvenciones se elevaron el 13,9% y las prestaciones sociales, el 6,8%. Entre los gastos que bajaron figuraron las transferencias entre administraciones, que cayeron el 1,5%, así como los intereses y la inversión, que disminuyeron el 16,7% y el 1%, respectivamente.

Todas las autonomías, salvo Navarra y País Vasco, registraron hasta noviembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, con la salvedad de estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir, un total de 12 comunidades lograron tener números negros gracias al auxilio del Ejecutivo central. Según la información facilitada por las comunidades, el impacto derivado del coronavirus alcanzó 7.089 millones en gasto socio-sanitario.

El Fogasa, en números rojos

Los Fondos de la Seguridad Social experimentaron un déficit del 1,65% del PIB, cifra en la que impactaron con fuerza los efectos de la crisis sanitaria, económica y social ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales. Hasta noviembre, los recursos se incrementaron el 14,1%, especialmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros que aumentaron el 22,1%. El gasto consolidado de la Seguridad Social asociado a la pandemia alcanzó los 27.247 millones, lo que representa el 2,46 % del PIB.

El Sistema de Seguridad Social registró un déficit de 5.111 millones, un 0,46% del PIB. Esta cifra recogió el impacto de la transferencia de 18.003 millones recibida del Presupuesto del Estado en junio pasado. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentaron en 1.727 millones, debido a la revalorización para 2020 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a la consiguiente actualización de bases mínimas y del tope mínimo de cotización. Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se situaron en 142.907 millones, el 8,8% más que el año anterior, como consecuencia de la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como de la prestación por incapacidad laboral transitoria de los afectados por la covid. El gasto en subvenciones del sistema ascendió a 6.768 millones, de los cuales el 97% se debió a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.

Mientras, el déficit del Servicio Público de Empleo Estatal llegó hasta los 13.245 millones en los once primeros meses del ejercicio. Las cotizaciones sociales bajaron el 0,9%, frente a las prestaciones por desempleo que crecieron hasta alcanzar en noviembre los 33.392 millones. Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica, se debió al reconocimiento de la prestación de desempleo en los Erte por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

El conjunto de todas ellas supuso un gasto a finales de noviembre de más de 14.364 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones representaron el 54,8% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo. Las subvenciones del SEPE ascendieron a 3.104 millones, el 41,5% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la pandemia y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados. Mientras, el Fogasa volvió a repetir número rojos por la destrucción de empleo y cierre de empresas, como consecuencia del desplome de la economía, que cerró el año con una caída sin precedentes del 11% del PIB. Así, el déficit del Fogasa hasta noviembre se cifró en 69 millones por el descenso de los ingresos en un 0,8% y el aumento de los gastos en un 50,8% por la crisis.