El «sablazo» fiscal de Montero costará dos millones de empleos y el 10% del PIB

«Es falso que la presión fiscal sea menor en España que en Europa. En términos de presión normativa y de renta estamos por encima, por lo que aumentar aún más la presión impositiva sería irresponsable». Con esta contundencia quiso desmentir el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, los postulados del Gobierno, que prepara ya una reforma fiscal con la que pretende cerrar la supuesta brecha fiscal con nuestros vecinos y aumentar la recaudación a través de una subida generalizada de impuestos –de hasta seis puntos– a partir del próximo año y con los nuevos Presupuestos Generales.

Según los cálculos del IEE en su informe «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas», presentado ayer, esta subida fiscal hundiría hasta 10 puntos el PIB de 2022, destruiría alrededor de dos millones de empleos y tendría un efecto contractivo en toda la economía. «Todos los indicadores confirman que no es el momento de subir impuestos», defiende el informe en sus conclusiones, ya que llevar a cabo un incremento de la tributación en el contexto actual supondría lastrar el proceso de adaptación tras la pandemia y truncar la recuperación económica y el crecimiento potencial de España. «Solo con el anuncio en sí mismo ya es un lastre para la recuperación porque provoca incertidumbre y desconfianza acerca de nuestras cargas a futuro», criticó con dureza Gregorio Izquierdo, director general de la entidad.

El Instituto cree que cualquier reforma debe ir enfocada al incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, incidiendo en la lucha contra el fraude fiscal y mejorando la eficiencia del gasto público, no al aumento de la carga fiscal. En contra de lo defendido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumenta que en España la presión tributaria es mayor que la existente en los países del entorno «si se tiene en cuenta el menor nivel de renta y la mayor economía sumergida».

En este sentido, entiende que aumentar la imposición, como sugiere el Gobierno, resulta «altamente negativo», ya que elevar los impuestos no es sinónimo de mejora de la recaudación y, a veces, tiene «el efecto contrario» porque desincentiva la inversión y potencia la economía sumergida, que es «sustancialmente más elevada» que en la media de la UE, en alrededor de siete puntos. Así, Izquierdo pidió seguir el ejemplo del modelo impositivo de Madrid, cuya economía sumergida se encuentra dentro de la media europea, sobre el 16%. «Madrid ha logrado recaudar más, potenciar su economía, reducir el fraude fiscal e integrar en el sistema más economía sumergida y, por tanto, recaudar más impuestos».

Tampoco comparte el IEE los postulados gubernamentales sobre la armonización fiscal en todas las comunidades, y censuró que el planteamiento de Montero «no es más que un subterfugio para justificar subidas obligadas de impuestos, que lo único que hará será incrementar las deficiencias del sistema tributario», ya que incrementar la imposición patrimonial a las comunidades autónomas genera «la pérdida de la corresponsabilidad fiscal», por la que abogan Madrid, Andalucía o Galicia.

El informe recuerda que España cuenta con una presión fiscal normativa en 2020 diez puntos superior a la media de la Unión Europea, 110 puntos frente a 100 del promedio de la UE. Madrid obtendría una presión fiscal de 87,6 puntos, la más favorable, seguida de los distintos territorios del País Vasco. En el polo opuesto se encuentran Cataluña, Asturias y Aragón, que muestran valores «sensiblemente más desfavorables» que el promedio de la UE. Precisamente, Cataluña obtiene el peor resultado en presión fiscal normativa, donde el índice se elevaría hasta los 134,5 puntos, el más alto de Europa.

Bajo esta premisa, el IEE defiende que no se respeta la corresponsabilidad fiscal, en su defecto, cualquier armonización de tributación entre regiones debería hacerse a la baja, y no al alza. Considera positivo dejar que los territorios puedan reducir los tributos que cobran a sus contribuyentes, puesto que existe «una correlación clara entre un sistema fiscal eficiente y competitivo, que evite distorsiones y con tipos reducidos, y un mayor crecimiento económico, lo que produce la paradoja de que territorios con impuestos más bajos consigan una mayor recaudación que aquellos otros que mantienen una tributación elevada.

Tal es el ejemplo de la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, que a pesar de que bonifica casi al 100% impuestos como Sucesiones y Donaciones recauda una cantidad similar a la de Cataluña, que la supera en habitantes y tipos impositivos. La causa: que «la bonificación ha incrementado muy significativamente estos ingresos». El estudio concluye que la competitividad fiscal tiene también relación directa con el crecimiento del empleo.