El Gobierno pone la diana a las inversiones en sicavs y socimis

El Gobierno ha logrado su objetivo de endurecer la fiscalidad de las socimis y los requisitos para las sicavs, cuyos apartados incluirá en la nueva ley antifraude, que por fin verá la luz la semana que viene, si las previsiones se cumplen. El Congreso de los Diputados aceptó ayer las enmiendas presentadas por el PSOE, que incluían además de las dos anteriores, su iniciativa para salvaguardar las polémicas inspecciones sorpresa de la Agencia Tributaria.

La ponencia encargada por la Comisión de Hacienda logró luz verde para que se obligue a tributar a las socimis el 15% de sus beneficios no distribuidos y a endurecer las condiciones de inversión en las sicavs para poder beneficiarse de una tributación del 1%. Para que el impacto sea asumible, se contempla un periodo transitorio para inversores de sociedades disueltas libre de impuestos, incluida la ‘Tasa Tobin’, condicionado a la reinversión en otros instrumentos.

Asimismo, también salió adelante la propuesta del PSOE dirigida a amparar las inspecciones sorpresa por parte de la Agencia Tributaria, cuestionadas recientemente en los tribunales. De esta forma, Hacienda se dota de legalidad para que pueda personarse sin comunicación previa en los domicilios de los contribuyentes o en una empresa sin previo aviso. La enmienda explicita que “deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada”. Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial, podrán practicarse antes del inicio formal del correspondiente procedimiento “siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial”. Asimismo, la solicitud de autorización judicial, necesaria salvo que hubiera consentimiento del contribuyente, deberá incluir el acuerdo de entrada de la autoridad administrativa correspondiente.

Para el PSOE, estas modificaciones no alteran las garantías de control judicial ni la exigencia de que toda solicitud de autorización judicial deba aportar indicios de supuestos ilícitos, sino que se habilita a que la entrada pueda realizarse tanto durante una inspección como simultáneamente a la notificación del acto iniciador de dichos procedimientos.

Tras superar estos escollos y ante el retraso acumulado que lleva la tramitación de la ley antifraude, se ha decidido llevar directamente la ponencia a Comisión, para seguir ahí la negociación de todas las enmiendas y agilizar los trámites de la propia ley, que podrían verse el próximo martes, manifestaron a EP fuentes parlamentarias.

Otras propuestas aceptadas pasan por impedir las desgravaciones por el alquiler de una vivienda durante un procedimiento de comprobación, adaptar el régimen fiscal del Instituto Catalán de Finanzas al aplicado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) o limitar la suspensión de los plazos de prescripción de los procedimientos tributarios aprobada por la pandemia de Covid-19. También hay cambios en la limitación al pago de efectivo, suprimiendo los pagos en efectivo de hasta 2.500 euros para personas físicas. Estos pagos estarán limitados a 1.000 euros.

Las formaciones de Gobierno únicamente han aceptado una enmienda que no fuera del PSOE. Concretamente, una del PP para modificar la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio dirigida a equiparar el tratamiento fiscal de los residentes con los no residentes en los mismos términos que ya contempla el proyecto para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En la enmienda se recoge el derecho del contribuyente no residente a la aplicación de la normativa propia donde radique el mayor valor de sus bienes y derechos