Sin noticias del fondo de rescate tres meses después de la polémica ayuda a Plus Ultra

Casi un año después de su puesta en marcha -está operativo desde primeros de agosto de 2020-, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicasha apoyado lo justo a las compañías españolas en apuros por la crisis del coronavirus. De los 10.000 millones de euros con los que está dotado, apenas ha repartido 968 millones de euros en cuatro operaciones: Air Europa, con créditos por valor de 475 millones de euros; Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120) y Plus Ultra (53). El rescate de estas dos últimas compañías supone, por el momento, el último aprobado por el Consejo de Ministros, que debe autorizar en última instancia cualquier ayuda. Desde que el Gobierno diera luz verde el pasado 9 de marzo a esas operaciones, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encargada de gestionar el fondo, no ha elevado más ayudas al Consejo de Ministros.

El sector empresarial achaca precisamente a la polémica que envuelve al rescate de Plus Ultra que la SEPI no haya aprobado ninguna operación más desde entonces. La oposición ha criticado duramente al Gobierno por autorizar la ayuda de 53 millones de euros que ha recibido esta aerolínea. Le acusan de haber concedido un balón de oxígeno a una compañía que no es estratégica, que no cumplía con la condición de que sus problemas económicos se derivasen de la pandemia porque venían de antes y de haber recibido más fondos de los que le corresponderían, al tiempo que sospecha que su accionariado tenga vínculos con el chavismo a través de empresarios venezolanos. PP, Vox, Ciudadanos y el sindicato Manos Limpias han llevado sus sospechas a los tribunales. Algunos, como la formación de Inés Arrimadas, han elevado sus sospechas también al Tribunal de Cuentas y a Bruselas para que las investiguen.

Más dificultades y lentitud

Todo este ruido, arguyen desde las compañías que están a la espera de recibir fondos públicos, ha puesto en guardia a la SEPI y lo ha ralentizado todo coincidiendo, además, con la llegada a la presidencia de la sociedad pública de una nueva presidenta, Belén Gualda a principios de marzo. Desde entonces, ni un rescate y, según los empresarios, más trabas.

Desde la SEPI, sin embargo, aseguran que los expedientes se siguen analizando en el orden cronológico en el que se recibieron, que se sigue trabajando como antes del rescate de Plus Ultra y que no hay retrasos. Los procesos abiertos siguen su curso, la gestión del fondo sigue tomando como referencia la orden ministerial de julio que lo regula y se trabaja, por tanto, en un clima de absoluta normalidad, según defienden.

Pero el dinero no llega y son muchas las compañías que lo necesitan para superar el bache del coronavirus. Especialmente las del sector turístico. Wamos (75 millones), Nautalia (75 millones), Hesperia (55), Room Mate (52), Hotusa (200), Soho (32), Serhs (35), o Juliá (37) son algunas de las empresas que han recurrido al fondo y todavía no han obtenido respuesta a pesar de que en las últimas semanas se había especulado con que el fondo tenía casi a punto el rescate de un grupo de estas empresas.

Si el dinero no llega en breve, para algunas será demasiado tarde. Porque, como advirtieron en LA RAZÓN semanas atrás, «hemos consumido todos los crédito, incluidos los ICO, y estamos aguantando a pulmón. Si no llega la ayuda, habrá un aluvión de quiebras en junio».

Junto a compañías del sector turístico, a la ventanilla de la SEPI también han acudido la tecnológica Airtificial (30), que fabrica y diseña componentes para sectores de automoción, aeronáutica y obra civil; Grupo Villar Mir (240 millones) o la cadena de gimnasios Holmes (26), entre otras. Además, queda pendiente de resolver el expediente de la siderúrgica Celsa, que ha solicitado el rescate más abultado, 700 millones de euros. En total, cerca de medio centenar de empresas han llamado a la puerta del Fondo de Rescate, reclamando al menos 4.000 millones de euros, según cálculos de Efe, entre ellas Tubos Reunidos, que ha pedido cerca de 115 millones, y Abengoa, que demanda 249 millones a través de su filial Abenewco 1.