El Gobierno valora suspender el 7% del impuesto de generación para abaratar el recibo de la luz

Con los precios de la electricidad rozando máximos históricos, el Gobierno valora suspender algunos impuestos, como hizo en 2018, cuando ante una escalada de precios, suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7% y desactivó el “céntimo verde” para los combustibles destinados a generación eléctrica.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde ha contestado a una interpelación del PP, que, junto a una “reforma seria de la fiscalidad energética” en la que el Gobierno ya trabaja, “no es descartable que ante una situación tensa, como la actual, haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento”.

Ribera ha indicado que el Gobierno no descarta volver a suspender “alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional” para facilitar a los consumidores hacer frente a una factura que se ha encarecido por el incremento de los costes de los combustibles fósiles, de los que ha dicho que hay que ir deshaciéndose.

El precio de la electricidad parece no tener freno desde que se ha instaurado en nuevo sistema de facturación por tramos. Si ayer la media del megavatio hora estaba fijada en los casi 91 euros, con picos de 100 euros, hoy se batirá lo que ya era un récord en junio, con 94,63 euros el MWh y picos de 105,51 euros. Así que prepárense aquellos que pongan una lavadora o el lavavajillas en hora punta porque puede salirles muy caro. La electricidad se queda así a solo unos céntimos de batir la marca que tocó el pasado 8 de enero, en medio de la tormenta Filomena, cuando se alcanzaron los 94,99 euros MWh, el segundo precio más elevado del que hay datos, y del máximo histórico diario, registrado el 11 de enero de 2002, que fue de 103,76 euros.

Esto implica que hoy, en horas punta, cada kilovatio hora con todos los cargos y peajes incluidos costará más del doble respecto a las horas baratas (26,24 céntimos por los 12,17 céntimos del tramo valle) y que el coste de poner una lavadora en hora llana respecto a la valle será de solo dos céntimos hora. Desde el cambio de facturación se ha encarecido un 44% el coste del precio máximo eléctrico. De seguir así, la factura de junio será la segunda más cara de la historia, solo por detrás de los 88,6 euros del primer trimestre de 2012, con una media de 88,11 euros.

El impuesto a la generación eléctrica nació con la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 27 de diciembre de 2012, que elaboró el gobierno del PP para luchar contra el déficit de tarifa (desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema) en un momento en el que el sistema acumulaba 24.000 millones de euros de deuda. Las eléctricas se opusieron siempre a este impuesto, que el Tribunal Constitucional concluyó en julio de 2018 que no vulneraba ningún precepto constitucional.

En 2018, el Gobierno ante la subida que experimentaron los precios de la electricidad en agosto y septiembre de ese año adoptó una serie de medidas, entre ellas la suspensión por seis meses del impuesto a la generación eléctrica del 7 % e introdujo una exención en el Impuesto de Hidrocarburos para desactivar el gravamen conocido como “céntimo verde” en los combustibles para producción eléctrica.

El “céntimo verde”, por su parte, es un gravamen pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, pero tiene el efecto de encarecer los precios de la electricidad en el mercado mayorista cuando tecnologías como el gas fijan los precios.

En 2018, Ribera explicó que la suspensión de esos dos impuestos tendría un impacto en torno al 4% sobre la factura de los consumidores domésticos.

7% a la generación eléctrica que se traslada al precio

En total, con todas las cargas impositivas, el Estado recauda cerca de 8.000 millones anuales, incluido el 7% (1.500 millones anuales) que se cobra a todas las instalaciones que generan electricidad sobre sus ingresos. Además, los consumidores abonan un 5,11% sobre la facturación de la electricidad suministrada y un IVA del 21% sobre el importe total. El Gobierno sigue sosteniendo que Bruselas le impide bajar el IVA eléctrico pese a que el de otros suministros como el del agua, por ejemplo, es del 10%.

Según los cálculos de los expertos consultados por LA RAZÓN, si en España se aplicara un IVA escalonado como en Portugal (tomando de media la aplicación de un 16% de IVA para un consumo doméstico medio) la reducción de la factura por IVA sería del 4,8%. La supresión del impuesto eléctrico, que rebajaría otro 4% el recibo, podría hacer realidad una factura casi un 13% más barata.